#28A: Izquierda Unida exige un incremento del presupuesto destinado a la Ayuda a Domicilio

• La formación denuncia que «con los 12 euros la hora que paga Diputación a los ayuntamientos no se puede prestar un servicio de Ayuda a Domicilio»

La candidata al Congreso por Unidas Podemos, Lidia Milena; el Diputado Andaluz por Adelante Andalucía, Jesús Fernández, y la Diputada Provincial por Izquierda Unida, Carmen Capilla, han demandado esta mañana “un incremento en el presupuesto destinado a la Ayuda a Domicilio”.

Tal y como ha recordado Milena, “la ayuda a domicilio es una competencia impropia de los ayuntamientos y las diputaciones. Es una competencia de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central. Sin embargo, el servicio lo prestan los ayuntamientos”.

Así, Capilla ha hecho hincapié en que “desde Izquierda Unida hemos constatado que con los 12 euros la hora que paga Diputación a los ayuntamientos no se puede prestar un servicio de Ayuda a Domicilio. Es decir, por debajo de este precio no se pueden hacer licitaciones en los municipios, por lo cual no se puede privatizar este servicio ya que con este dinero no se aseguraría que se cumpla el convenio de las trabajadoras”.

Una problemática que ya se está viendo en pueblos que ya tienen privatizada la ayuda a domicilio, como Zújar o Benalúa, dónde “la empresa no está pagando a sus trabajadoras”, ha reiterado la Diputada Provincial quién ha corroborado que “esta situación ha provocado que las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Benalúa se encuentren actualmente en huelga”.

Por su parte, la candidata al Congreso ha insistido en “la necesidad de que se cumplan los derechos de los dependientes que tienen concedida esta ayuda como los de la clase trabajadora. En este caso, los derechos de las mujeres que son las que mayormente están llevando a cabo este trabajo”.

Finalmente, Milena ha denunciado que “los últimos presupuestos que aprobó el Gobierno de Rajoy ponían en peligro la Ayuda a la Dependencia. Por ello, es necesario rescatar los servicios desde lo público, huyendo de las privatizaciones que solo precarizan el empleo. De ahí la necesidad de cambiar el 28 de abril la gestión de las políticas sociales apostando por una financiación justa para la Ley de la Dependencia, evitar los retrasos en la concesión e incrementar el número de plazas públicas para la atención de las personas dependientes”.