3.500 usuarios de la sanidad pública piden investigar a Spiriman por su actuación durante la actual crisis sanitaria del coronavirus

• Para los firmantes del escrito el Dr. Candel, presuntamente, habría revelado secretos profesionales de usuarios ingresados en el hospital, relativizado los efectos de la pandemia, injuriado y calumniado al presidente del Gobierno y la comisión sanitaria, lanzado bulos, distribuido mascarillas y material sanitario sin pasar los filtros de calidad e incitado a la población a la desobediencia civil y al incumplimiento del confinamiento decretado por la autoridad sanitaria.

En un video colgado en su canal de youtube Spiriman muestra el modelo de mascarillas retirado por el Servicio Andaluz de Salud.

3. 516 usuarios de la sanidad pública han dirigido un escrito al Gerente del SAS, al Presidente del Colegio de Médicos y al Fiscal Jefe de la Fiscalía de Granada en el que instan a los tres organismos a iniciar una investigación al médico de urgencias, Jesús Candel, por presuntos delitos de injurias y calumnias, faltas al Código Deontológico y al Estatuto Marco del personal Estatutario de los Servicios de Salud.

Los hechos presuntamente punibles y sancionables en el ordenamiento laboral, reflejados en el escrito, arrancan en el mes de enero, cuando en las urgencias del Hospital San Cecilio se registró un posible caso de coronavirus al ser ingresado con síntomas un ciudadano de origen chino y puestos en cuarentena el grupo de turistas con el que viajaba procedentes todos de Wuhan, foco inicial la pandemia. Para los firmantes , «es alarmante que Candel, autoerigido como portavoz oficial del Hospital Clínico, desde las instalaciones difunda videos con información sensible dirigida a la población sin pasar ningún tipo de filtro, como por ejemplo los resultados de la prueba del Covid-19 practicadas a los ciudadanos chinos con posibles contagios del virus» .

Igualmente, los firmantes muestran su sorpresa por la falta de respuesta del SAS ante la difusión pública del contenido de una conversación telefónica con el Delegado de Salud en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, en un asunto tan trascendental como el posible contagio de un grupo de personas, o las razones para activar y desactivar una alarma sanitaria tras conocer los resultados de las pruebas a los ciudadanos chinos. Aportan entre otras pruebas un post del 26 de enero en el que el Sr. Candel acusa a la consejería de mentir : «ingresado un paciente chino de Wuhan con sospecha de #CoronavirusChino! Las autoridades de la Consejería de Salud mienten a la población de que no está ingresado y que ha dado negativo. Gravísimo! Tomaremos las medidas oportunas desde Justicia por la Sanidad» .

El escrito de 24 páginas articulado en diez puntos, que está firmado entre otros por Juan Pérez, Juan Pinilla, Pepe Maestre, Agustín Martínez y Almudena Grandes, aporta a modo de prueba un total 28 cortes de vídeo y diversos pantallazos de las redes sociales de Candel.

Una de las actuaciones más graves en estos primeros cinco meses de crisis sanitaria fue la del día 23 de marzo, según los firmantes. Ese día, Candel difundió un vídeo por youtube y varios twits acusando al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber ordenado la retirada de respiradores de los hospitales y ambulancias de Granada, y lo acusó de ser un «puto criminal». Posteriormente se pudo comprobar, entre otros por el propio canal de youtube, que el contenido del vídeo difundido por el médico constituía una información falsa, un «bulo». Los respiradores se habían retirado de algunas ambulancias de Granada por orden del Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, para concentrarlos en Antequera puestos a disposición de los hospitales andaluces que los demandaran en función de las necesidades de cada distrito sanitario.

También el Comité Científico, según los firmantes, recibió en ese periodo ataques y acusaciones graves por parte de Candel, al hacerlo responsable de las muertes ocurridas en España por coronavirus. Así, en varios post de facebook y varios vídeos mantiene: «los asesores que ha tenido el Gobierno en este tiempo atrás, han sido asesores que se han bajado los pantalones, como Fernando Simón, y demás gente que le rodea, y dijeron que no iba a pasar nada, y son responsables directos de todas esas muertes.» «Cómo puede decir un gobierno y sus asesores que son los mismos que han asesinado a miles de personas sabiendo que iban a morir…, personas que ahora os digan tenéis que sacar (a la calle) a un niño, un sólo niño a una determinada hora, y vosotros no ser libres.»

A juicio de los firmantes, otro punto de máxima gravedad lo constituye el reparto de mascarillas y material sanitario, comprado en China por Candel y entregado directamente a los trabajadores sanitarios de centros de salud y hospitales sin pasar por el control de los servicios de prevención de riesgos como es preceptivo. De esta forma, el SAS retiró una partida de mascarillas distribuidas por Candel en hospitales andaluces tras ser declaradas no aptas pasa uso sanitario por el Centro Nacional de Medios de Protección del Ministerio de Trabajo. Según informó posteriormente el Consejero de Salud, de los 1.288 profesionales que usaron las mascarillas distribuidas por Candel, dos dieron positivo a las pruebas de la Covid-19. Tras conocer todos estos datos, los firmantes del escrito preguntan «¿Cómo un médico del SAS puede convertirse en distribuidor de material de uso sanitario para los hospitales, centros de salud y residencias y operar libremente?».

También en este tiempo y con el coronavirus de fondo, según se refleja en el escrito, Candel habría incitado a los usuarios de hospitales y centros de salud «a montar «pollos» en los hospitales y a escupir a los médicos si no quedan satisfechos con el diagnóstico o la atención recibida». Así queda reflejado en varios vídeos que los firmantes aportan tanto al SAS como al Colegio de Médicos y a la Fiscalía de Granada.

En el orden judicial, el documento de denuncia en su parte final enumera los presuntos delitos que habría podido cometer el Sr. Candel en estos cinco últimos meses, entre otros Injurias, calumnias y amenazas; incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia; revelación de secretos laborales o profesionales; incumplimiento o resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma y un presunto delito de falsa alarma.