40 años de Estatuto y Granada vuelve a la calle
En estos días ha habido un despliegue de actos, menos intenso y con menos convicción real por parte de las autoridades autonómicas y sus satélites -en toda su amplitud-, dedicados a la celebración del cuadragésimo aniversario de la aprobación en referéndum del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que tuvo lugar el 20 de octubre de 1981.
“Yo no pude votar; no voté este estatuto”, ni la modificación o reforma de 2007 —lo que en términos de la izquierda parece que es un principio legitimador para cambiar el contrato social—, pero sí que recuerdo perfectamente la ilusión que se sentía por una gran parte de la sociedad de las ocho provincias sumadas para conformar Andalucía, generada por las expectativas en un momento histórico en que todo estaba por hacer en términos de progresión en la conquista de los derechos políticos propios de un país occidental y de una democracia joven como la española. Todos hablaban de la autonomía y del futuro alentador que ello depararía, pero sin saber ciertamente adónde llegaríamos y a qué nos conduciría aquel nuevo invento.
La sociedad venía de la movilización sociopolítica que generó la celebración del referéndum del 28-F que, a pesar de no conseguirse el sí necesario por no cumplirse los requisitos legalmente exigidos, en sentido de resultado positivo para poder continuarse la tramitación del proceso autonómico por la vía excepcional del art. 151 de la Constitución, provocó una inercia que generó que las fuerzas políticas del momento, en una actuación sórdida e inaceptable jurídicamente hablando, sustituyeran la voluntad popular de las provincias de Jaén, y más especialmente de la de Almería, promulgando las Leyes Orgánicas 12/1980 y 13/1980, ambas de 16 de diciembre, tras las cuales se retorció la norma constitucional y se prosiguió la tramitación autonomista por la vía especial y más rápida prevista en el citado precepto constitucional. Seguidamente vinieron el referéndum de ratificación del proyecto de estatuto y su aprobación como Ley Orgánica 6/981, de 30 de diciembre y, la Gran Andalucía en la que vivimos insertos, comenzó su singladura.
Una vez descubierto a lo que aquel proceso nos condujo, cabe reconocer que nada queda de aquel espíritu que impulsó la nueva era institucional. Principalmente, porque de inmediato todo se articuló por las fuerzas políticas dominantes asentadas en la ciudad hispalense, para sustituir el centralismo de Madrid por un neocentralismo grosero de Sevilla. Lo que tanto se enarbolaba sobre la eficacia y la descentralización que inspiraba la autonomía quedó aparcado y todo se recondujo a pasos agigantados para facilitar que todo fuera fagocitado por los nuevos poderes sevillanos, hasta la completa desaparición política y administrativa, y de representatividad institucional real e histórica que Granada y el actual Este autonómico, tenían; de Granada y su histórico territorio de influencia; de las provincias que conformaron históricamente el territorio administrativo de Andalucía Oriental —la Alta Andalucía en términos constitucionales republicanos—, y por supuesto del que fue el reino cristiano de Granada; que fueron eliminados en todo orden y extensión.
Hace 20 años se publicó un cuaderno de varias páginas con ocasión de la celebración del vigésimo aniversario del Estatuto de Autonomía de 1981. Participé en aquella obra con un artículo que titulé “Eficacia, descentralización y territorios históricos”. En él advertía de la incomprensible postergación ya producida y del camino intolerable que se había iniciado hacia la comprensión de la Andalucía nacida en 1981 como un antiguo estado histórico, que se dibujaba como una especie de estado federado en un ente superior denominado España. Ello, además de algo ignoto y falso, sobre lo que venían trabajando los prosélitos del andalucismo para inventarlo y ofrecerlo como si fuese algo ancestral e irrefutable sigue siendo el empeño principal de los teóricos de la actual Andalucía, con la sola intención de influir a medio plazo en la más que probable reorganización territorial de España, que se vislumbra. Del resto de lo dicho en aquel trabajo que firmé hace dos décadas nada se ha corregido y lo que es peor, el demérito de Granada ha proseguido avanzando metódicamente, hasta ser algo ya tan intolerable como inaceptable.
“Y Granada vuelve a la calle”: por algo será. Principalmente, por el olvido medido y la preterición en los presupuestos, tanto en el General del Estado como en el vigente de la Junta de Andalucía, de nuestra provincia. Porque, principalmente la gestión autonómica actual de los asuntos más vitales para Granada, como los relativos a las estructuras básicas de toda índole, es clamoroso. Tanto que Granada ya vuelve otra vez a reclamar como hace cuatro años con movilizaciones pidiendo que se respete lo que por derecho le corresponde y necesita; para decir que basta ya, por el no más de lo mismo por este camino de la perdición y por un hasta aquí hemos llegado, que ahora sí que es necesario exigir tras sufrir 40 años de Estatuto y de desprecios de toda índole.
