El juicio contra el coronel acusado de narcotráfico seguirá pese a estar en rebeldía los otros acusados
- El juicio, cuya primera sesión se ha centrado en las cuestiones previas planteadas por las partes, proseguirá sin ellos
El juicio contra el coronel de la Guardia Civil acusado de permitir la introducción en 2006 por la costa de Granada de toneladas de hachís procedentes de Marruecos a cambio de dinero ha comenzado este lunes en la Audiencia de Granada después de que el tribunal haya desestimado la petición de la acusación ejercida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de que se suspendiera alegando que el resto de acusados están declarados en rebeldía.
El letrado que representa a la AUGC ha defendido que la declaración de estos dos acusados, dos presuntos narcos que supuestamente colaboraron con este alto mando de la Guardia Civil y que luego confesaron, es «esencial» en el procedimiento y sin ella «pierde el sustento», por lo que reclamaba que el juicio se suspendiera hasta que fuesen localizados.
La Sala ha desestimado la petición alegando que uno de ellos, David G.M., se ha sustraído de la acción de la justicia y el otro, Rachiz Z., podría encontrarse en una cárcel marroquí, de modo que es «difícil por no decir imposible» que puedan llegar a comparecer en este procedimiento.
De este modo, el juicio, cuya primera sesión se ha centrado en las cuestiones previas planteadas por las partes, proseguirá sin ellos, en la línea de lo que en este sentido han solicitado tanto la Fiscalía como la defensa del acusado. Será este martes cuando declare este coronel en reserva, identificado como F.G.S.
El Ministerio Público ha solicitado para él nueve años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por funcionario público y contra la salud pública, así como una multa de 6,3 millones de euros. La acusación popular ejercida por la AUGC ha planteado en sus cuestiones previas la retirada de la acusación por blanqueo de capitales, de modo que su petición queda rebaja de 18 a 13 años de cárcel, además de 15 años de inhabilitación y el pago de multas que superan los diez millones de euros.
El coronel solicita su libre absolución y mantiene su inocencia en este asunto, según ha precisado su abogado a los medios de comunicación durante un receso.
La Sala ha rechazado la mayoría de las cuestiones previas planteadas por la defensa del acusado en cuanto a posibles vulneraciones de la ley durante la instrucción de la causa, aunque sí se ha admitido la testifical de la expareja de uno de los dos acusados declarados en rebeldía, David G.M., la cual mantiene que éste habría sufrido presiones en el procedimiento y que sus acusaciones contra el coronel son falsas.
El tribunal no ha encontrado razones suficientes para rechazar esta testifical, prevista para el 4 de julio, pero con la reserva de que debe ceñirse a los hechos que se están juzgando y de que el asunto no esté bajo secreto en otro procedimiento.
RELATO DEL FISCAL
En el momento de los hechos, el acusado era comandante de la Guardia Civil en Granada con mando en todas las operaciones antidroga de esta provincia. Según el relato del fiscal, en enero de 2016 mantuvo una entrevista con un confidente que tenía el cuerpo y fue cuando supuestamente acordó con él la entrada de dos alijos de hachís, con más de 4.000 kilos, por las playas de Motril (Granada).
Supuestamente el coronel se comprometió a impedir que la droga fuera interceptada por la Guardia Civil y a asegurar su entada para su posterior venta a cambio de cobrar 120.000 euros tras cada operación.
A estas dos se sumaría una tercera entrada de droga de escasa calidad que sí sería intervenida por los agentes para justificar las otras que quedarían impunes.
Así las cosas entre febrero y marzo de ese año una embarcación procedente de Marruecos desembarcó 120 fardos con unos 4.000 kilos y un valor de cinco millones de euros. La droga nunca fue recuperada y se distribuyó en el territorio nacional, según el relato del Ministerio Público.
La colaboración entre los acusados se extendió supuestamente hasta mayo de 2006 pese a que el alto mando se encontraba «acuciado por las sospechas de los agentes a sus órdenes», según continúa el fiscal, que relata varias entradas más de droga en las que no se arrestó a nadie por la tardanza del entonces comandante en dar la orden de intervenir.
