«Sufrimos una media de 50 agresiones al año y seguimos sin personal suficiente para garantizar la seguridad de la prisión»

• El Centro Penitenciario de Albolote alberga 1320 presos, cuando su cupo normativo debería situarse en los 1032

Las concentraciones a las puertas del Centro Penitenciario de Albolote no cesan. Este miércoles funcionarios de la prisión se han manifestado contra la inseguridad que sufren en el desarrollo de su trabajo. La protesta se enmarca en un contexto nacional en el que la mecha de las reivindicaciones se ha vuelto a encender después de casos como el de Soto del Real (Madrid), cárcel en la que el martes un funcionario -que se encuentra fuera de peligro- recibió cuatro puñaladas por parte de un preso, una en el cuello y tres en la espalda.

En Albolote, los índices de peligrosidad y tensión alcanzan niveles muy elevados y el problema se arrastra desde los últimos años. José Antonio Molina, representante sindical de CSIF, apunta a una causa capital en declaraciones a La Voz de Granada: «El Centro Penitenciario de Albolote arrastra un déficit de 90 funcionarios. Además, la cárcel está superpoblada, con 1320 presos, cuando el cupo no debería superar los 1032». La prisión granadina registra una media de 50 agresiones al año, aunque por fortuna no suelen producirse incidentes de especial gravedad.

Precisamente, la oleada de protestas que los funcionarios de prisiones han puesto en marcha en los últimos meses, con huelga general a nivel nacional y bajas masivas de profesionales que pusieron en jaque a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, tenían como una de sus banderas de reivindicación la falta de personal y el escaso rejuvenecimiento del mismo.

«No se nos reconoce como agentes de la autoridad»

Otra de las luchas en la que se encuentran inmersos los funcionarios es la de su reconocimiento como agentes de la autoridad. «Agredir a un profesional de la prisión sale barato a los autores, si se nos considerara legalmente como agentes de la autoridad las penas contra los agresores serían mayores», explica José Antonio Molina.

El equipamiento básico con el que trabajan los funcionarios apenas contempla el problema de las agresiones. Operan con uniforme y bolígrafo para notificar las incidencias. Solo ante casos de emergencia prevista se utilizan cascos y chalecos.

Ahora, los diferentes colectivos sindicales de los profesionales de prisiones esperan el resultado de las elecciones de abril para, con un nuevo interlocutor, retomar las conversaciones con el Gobierno y recuperar las acciones de protesta si siguen sin producirse novedades en su situación.