El PP lleva a Fiscalía al alcalde de Monachil por supuesta prevaricación
- Piden su investigación por «presuntamente haber fraccionado, en el ejercicio de 2019, facturas cuyo importe conjunto asciende a 100.000 euros»
El grupo del PP en el Ayuntamiento de Monachil ha presentado ante la Fiscalía Provincial una denuncia por un supuesto fraccionamiento de facturas que apunta como máximo responsable al alcalde de este municipio del área metropolitana de Granada, José Morales (PSOE), por un posible delito de prevaricación.
Según ha informado el PP en una nota de prensa, la denuncia, que alude a delitos para los que la legislación contempla penas de inhabilitación política de entre 9 y 15 años, ha sido admitida a trámite por la Fiscalía Provincial.
En la denuncia presentada por la portavoz del grupo ‘popular’ en Monachil, Cristina Marín, se solicita la investigación a José Morales y otros cargos por posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por «presuntamente haber fraccionado, en el ejercicio de 2019, facturas cuyo importe conjunto asciende a 100.000 euros», supuestamente para «eludir» las disposiciones legales que obligan a realizar concursos públicos para la contratación de bienes y servicios municipales a partir de cierto importe.
«Todos los contratos se adjudicaron directamente al proveedor como contratos menores, es decir, sin publicidad, ni libre concurrencia, ni garantías de objetividad, ni transparencia», según apunta la denuncia, en referencia a «una serie de contrataciones administrativas violando flagrantemente las disposiciones legales de la contratación pública».
Cristina Marín ha explicado que «fraccionar» en contratos menores un contrato público para adjudicarlo a dedo eludiendo el preceptivo concurso «no sólo está muy feo sino que es ilegal y, en ocasiones, un delito de prevaricación administrativa tipificado en el artículo 404 del Código Penal».
«La falta absoluta de documentación administrativa alguna, el desconocimiento por parte de responsables municipales (de la trascendencia, a los efectos que nos ocupan, de la Intervención Municipal y el propio arquitecto técnico) de todo cuanto no sean los documentos» relativos a «facturas y certificaciones de obra» y «la inexistencia de proyecto o contrato alguno hacen que nos encontremos ante una situación de absoluta falta de respeto a la normativa legal aplicable y, por ende, de la posible comisión de ilícitos penales», apunta la denuncia, consultada por Europa Press.
Marín ha insistido en que ésta es «la forma de hacer política de quienes vienen demostrando con hechos que el presupuesto público, si para algo les sirve, es para usarlo en interés electoral, aunque la ley se incumpla».
