Los abogados de Arcuri acusan a Rivas de «alterar la realidad»
- Esperan que los hijos de la pareja vuelvan el próximo día 14
Los abogados de Francesco Arcuri en España han manifestado este viernes que esperan que sus dos hijos estén de vuelta en casa, en Carloforte (Italia), el 14 de agosto, tras el periodo vacacional en España estipulado con la madre, Juana Rivas, a quien han acusado, de, junto a su entorno, «alterar la realidad» y «presionar» a la Administración de Justicia con «una sucesión interminable de comunicados» y «cartas públicas» en los que «los niños siempre son los grandes perjudicados».
En una nota de prensa, los letrados Enrique Zambrano y José Damián Ávila han reiterado que, a este respecto, instarán las medidas necesarias, en su momento, «contra las personas que correspondan».
Este equipo jurídico ha lamentado que se haya dado publicidad, a finales de julio, a una nueva denuncia, que es «la duodécima desde 2016», de Rivas contra Arcuri, en la que «señalaba dos denuncias efectuadas en Italia, de abril y mayo, mencionaba que sus hijos sufrían maltrato, y por último pedía una serie de medidas cautelares de carácter civil, a modo de protección de esos menores».
Para los representantes del progenitor, la madre de Maracena –quien está condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores tras no entregar en 2017 a sus hijos alegando una supuesta situación de maltrato– «se olvidaba» en esta última denuncia, «de forma intencionada», que «el día 10 de mayo, realizó idéntica denuncia ante el Tribunal de Menores de Cagliari, con los mismos hechos, consecuencias y solicitudes».
En la resolución de 23 de mayo de dicho órgano, «se descartaron las alegaciones de maltrato del padre a ninguno de sus hijos, volviendo a mencionar el sometimiento del mayor», de 13 años, a Rivas, con, han añadido los letrados, «todas sus consecuencias que deberán ser tratadas de por vida».
«Al descartarse la existencia de indicios de maltrato sobre los menores, la resolución descartó la adopción de medida cautelar alguna, manteniéndose la guarda y custodia en la persona del padre, eso sí, nombrándose una mediadora para que los padres no tengan que hablar entre sí, al respecto de sus hijos, desde ese momento», han agregado.
Los niños, desde su vuelta al domicilio familiar a finales de agosto de 2017, son seguidos tres veces por semana por profesionales que apoyan a Arcuri, martes y jueves, dos horas cada tarde, desde los Servicios Sociales de Carloforte, «como medida de la propia sentencia de guarda y custodia, y en las tardes de los miércoles, el mayor es tratado por una psicoterapeuta infantil».
«PRESIONES MATERNAS»
A su vez, han detallado que los Servicios Sociales de Carloforte, el pasado 15 de mayo, «tras ir detectando un incremento paulatino de las presiones maternas a los menores, que afectan a su estado general, instaron al propio Tribunal de Menores de Cagliari, para que se suspendieran las visitas» de la madre, y «desde ese momento se realizaran de forma tutelada», un asunto que será visto en Audiencia, en octubre de este año.
En resumen, para los abogados de Arcuri en España, Juana Rivas y su entorno «ahorran hechos y acciones judiciales que se han tramitado, o se están tramitando en el único país con jurisdicción en este caso, Italia, para intentar justificar sus acciones en España, y, de paso, seguir mancillando a sus hijos», al padre y «a todos los órganos jurisdiccionales de un lado y otro».
RIVAS PIDE PROTECCIÓN
Estas declaraciones se producen después de que Rivas pidiera este pasado jueves en un comunicado al sistema judicial que confíe en los informes de los servicios sanitarios españoles, que han recomendado que «se proteja inmediatamente» a sus hijos «porque están en una situación de peligro».
El despacho Aránguez Abogados, que defiende sus intereses, indicó, por su parte, que está a la espera de que la Audiencia Provincial, que, a diferencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, indicó que «sí va a contar con los referidos informes para resolver» sobre las medidas cautelares solicitadas en la denuncia de finales de julio, se pronuncie antes de los días considerados hábiles, que comienzan en septiembre, «en base a la urgencia de la situación».
Por otro lado, Rivas presentó el pasado mayo ante el Tribunal Supremo un recurso que ha sido admitido a trámite acerca de la sentencia que la condena a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad por sustracción de menores, después de que en el verano de 2017 permaneciera un mes en paradero desconocido con sus hijos incumpliendo las resoluciones que le obligaban a entregárselos al padre.
