El problema de las subrogaciones en la seguridad: un empleado sin paro ni trabajo tras ocho años de servicio

• La nueva empresa encargada del servicio le asegura que no es subrogable, mientras que la anterior le informó de que sí lo era, quedando en un limbo laboral

La fórmula del servicio de seguridad en los inmuebles públicos sigue demostrando ser defectuosa. En la Diputación ya se vivió un caso que dejó claro que algo falla, y algo parecido está viviendo ahora el vigilante de un servicio contra la violencia de género de la Junta de Andalucía en Granada, que tendrá que esperar a que un juez le permita trabajar u optar al paro tras más de ocho años en el puesto.

La raíz del problema es tan simple como un cambio de ubicación. Este servicio del ente autonómico se venía prestando hasta ahora en Avenida de Madrid, pero finalmente se ha trasladado al Complejo Administrativo Almanjáyar, a la par que se producía un cambio en la empresa concesionaria de la seguridad. Así, Securitas pasaba a hacerse cargo de la cobertura en detrimento del Grupo Control, subrogando a los trabajadores que se habían encargado de realizarlo hasta el momento.

Al menos, así eran las cosas sobre el papel. En el momento de su salida, Grupo Control informaba por carta al empleado en cuestión de que pasaba a ser subrogable por Securitas desde el día 1 de este mismo mes, una circunstancia que finalmente no ha sucedido. Esto se debe a que la nueva empresa encargada de la seguridad le transmitió al trabajador que no hay posibilidad de subrogarle porque el servicio en el que él trabajaba ha desaparecido. De este modo, el empleado quedaba en un limbo laboral en el que se mantiene a día de hoy mientras espera una resolución del juez.

El afectado, explica el responsable de seguridad privada en UGT, Torcuato Ruiz, «no puede cobrar paro por no haber sido despedido». A esto se une que tampoco puede dejar su puesto «por no perder sus derechos con las empresas», unos derechos obtenidos a través de la antigüedad que ha forjado todos estos años.

Esta situación ha llevado al sindicato a pedir a la Junta que intervenga para aclarar cuanto antes la posición del trabajador y ha anunciado que tomará las medidas sindicales y judiciales que considere oportunas en este aspecto. «No entendemos por qué se han negado a subrogarle, es totalmente legal», defiende Torcuato Ruiz, «entienden que no es subrogable porque ha desaparecido el servicio, pero no ha desaparecido, solo lo han trasladado». Así, consideran que «la Junta debía haber exigido que se subrogara a todos los trabajadores», y recuerdan que el ente público podría «aplicar la Ley de Contratación y rescindir el contrato con la empresa» si así lo quisiera.

«Si se quitan a esta persona con antigüedad y meten a otro de nuevo contrato, les sale más económico», lamenta Ruiz, que reflexiona sobre la precariedad del sector: «nunca tenemos certezas, cada cuatro años nos encontramos con la incertidumbre de qué va a pasar si hay una subrogación». Además, recuerda que el sindicato ya se reunió con Securitas unos meses atrás «viendo que esto podía pasar» y, aunque tras la reunión pensaron «que todo había quedado claro», los hechos indican que no fue así.