Las bicicletas son para el verano, y además un empleo

Probablemente una de las noticias más relevantes de este verano en la provincia ha pasado desapercibida. Se trata de la labor de la Inspección de Trabajo que va a permitir que 180 repartidores “riders” de la empresa Glovo en Granada vean reconocido su trabajo como un empleo, y tengan acceso a un contrato, a protección para su salud, a cotizaciones a la seguridad social y a un salario. Es importante para estos 180 trabajadores hasta ahora considerados autónomos, en su mayoría jóvenes, pero lo es también para la economía de la provincia, porque las plataformas digitales han venido para quedarse y transformar por completo el mundo de los servicios y del trabajo.

Concretamente la actuación que nos atañe se encuadra en la línea 88 del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, la vigilancia de “plataformas que operan a través de internet”. ¿Por qué digo que es importante esta acción inspectora? Cuando las empresas se vacían de personas, el derecho laboral, que se creó para ese contexto, se ve desasistido al igual que la organización sindical. En el proceso de atomización y descentralización que imponen las Plataformas Digitales, las rentas del trabajo disminuyen a la vez que exponencialmente aumentan las del capital, pero un capital que ya no está localizado, no rinde cuentas ni genera riqueza en el entorno en el que opera –el Informe relata una sede semicerrada con un ordenador portátil y “una o ninguna” trabajadora en Granada para un servicio en el que operan 180 personas con sus supuestas 180 microempresas-. Por ello, por la descarada ausencia de responsabilidad social, estas empresas deberían recibir tolerancia cero de las administraciones públicas.

Este informe de la Inspección de Trabajo de Granada sitúa las reglas del juego de las relaciones laborales clásicas en un escenario digital radicalmente distinto y abre puertas para defender los derechos laborales y una futura regulación específica ante la enorme tipología de Plataformas que operan en nuestro país, y ya también en nuestra provincia.

El argumento clásico de estas empresas para desarticular el entramado laboral y maximizar sus beneficios a golpe de clic es que ellas simplemente operan como plataformas intermediarias entre el cliente y el prestador del servicio, no realizan actividad productiva, solo “ayudan” a ponerlos en contacto. Sin embargo Adrían Todoli describe hasta 18 “indicios de laboralidad” en estas plataformas. Entre ellos que proveen de formación y adiestramiento, dictan instrucciones, ofrecen atención al cliente, fijan los precios, establecen controles sobre la prestación del servicio, evalúan al prestador del servicio, entregan material productivo o corporativo necesario, o exigen exclusividad. La consecuencia de este modelo de trabajo impuesto por las plataformas es el esperado en una situación de absoluta asimetría de poder: regulación unilateral de las condiciones, ritmos intensos, jornadas prolongadas, inseguridad de ingresos, disponibilidad 24 horas diarias, riesgos para la salud.

Pero me quiero detener en un elemento que atañe a la propia dignidad del trabajador. Las Plataformas los someten a la “dictadura del cliente”, ya que de la valoración que éste haga del servicio recibido, dependerá la reputación del trabajador en la plataforma, y el que exista un próximo encargo remunerado. Se impone una lógica de competencia descarnada entre los trabajadores. Así, en muchas ocasiones los trabajos llegan a ser ofensivos, por el trato recibido o por el servicio exigido. En el caso de los repartidores por ejemplo desde “recorre la ciudad para tráeme un zumo de naranja” hasta “bájame la basura ya que estás”. El capitalismo operando digitalmente en su expresión más deshumanizada, la ruptura de la solidaridad de clase desde nuestra condición de consumidores, y de la que todos somos responsables.

Las plataformas han llegado para quedarse y cada vez serán más. Empresas con millares de trabajadores a los que reclutan apenas con un cuestionario online, jefes escondidos en cualquier lugar del mundo que recaudan pero no aportan, que imponen pero no dialogan. De ahí la importancia de acciones como esta de la Inspección de Trabajo de Granada que protege el ecosistema urbano y social de la ciudad, además, por supuesto, de preservar los derechos de 180 personas, que se podrán extender a muchas más. Los repartidores “riders” no son los únicos, son los más visibles por sus enormes mochilas. La mayoría de los “nuevos trabajadores y trabajadoras” están en sus casas realizando encargos para Plataformas de toda índole que compran su trabajo a bajo precio sin establecer relación laboral, de ahí la dificultad de organizarse y tomar peso en la disputa entre capital y trabajo. Y ese es precisamente el reto acuciante de los sindicatos, no solo lograr condenas judiciales o nuevos marcos legales, si no avanzar en la organización de estos trabajadores y trabajadoras para vehiculizar reivindicaciones y luchas. Siempre caminamos un paso más lento que el capital, pero utilizar su misma herramienta, la tecnología, bien pudiera ser un camino.