La Junta y el Ayuntamiento de Castell de Ferro estudian la expropiación del castillo, un BIC en riesgo de derrumbe

• El enclave, considerado Bien de Interés Cultural, se encuentra deteriorado y el propietario de la parcela no hace nada por solucionarlo

Castell de Ferro significa, literalmente, castillo de hierro. El nombre antaño hacía justicia al municipio costero de la provincia de Granada, pero a día de hoy suena a ironía o, como mínimo, una broma de mal gusto ante el mal momento que atraviesa el enclave, declarado Bien de Interés Cultural y que ahora se encuentra en pésimas condiciones, hasta el punto de correr riesgo de derrumbe.

Así lo señalaba un estudio de la Universidad de Granada realizado en el mes de agosto. Fue entonces cuando la Junta y el Ayuntamiento decidieron tomar cartas en el asunto para evitar que Castell de Ferro perdiese su emblemático castillo, amonestando al propietario de la parcela por permitir que este BIC llegase al estado en el que se encuentra actualmente, algo que sigue sin remediarse ni parece que vaya a ocurrir, al menos por la vía privada.

Así, la vía pública se activó y ahora las dos entidades se han puesto manos a la obra, hasta el punto de que el consistorio del municipio ha pedido no solo que se cierre el acceso al recinto, sino que además se amplíe la zona no accesible para blindar aún más el enclave. Técnicos de la Junta se han personado ya en el lugar para estudiar ‘in situ’ esta propuesta, que inmediatamente vieron con buenos ojos ante el ruinoso estado del castillo.

Tras emitir el ente autonómico el escrito pertinente, el Ayuntamiento se pondría en contacto con el propietario de la finca para cerrar el acceso y, en caso de no proceder a ello, actuaría de oficio con cargo a la empresa. Por otra parte, la Junta ha puesto en conocimiento del consistorio en este escrito distintos aspectos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que podrían llegar a permitir la expropiación del terreno, una vía que estudian de forma conjunta ante lo extremo de la situación y la pasividad del propietario.

El castillo fue objeto, ya en mayo de 2003, de un proyecto de consolidación que no se llegó a ejecutar. A esto se suma que la Administración autonómica ya se puso en contacto con el propietario en el año 2016 para informarle del «deber de conservación» que tiene con respecto de este BIC, algo que ha sido desoído hasta la fecha y que lleva ahora a los dos organismos a ver con buenos ojos la expropiación.