Salobreña destaca que el informe de la Cámara de Cuentas confirma que cumple con la legalidad
- Según ha explicado la alcaldesa, la fiscalización de la Cámara de Cuentas efectúa una auditoría financiera y otra de cumplimiento de legalidad
La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino (PSOE), ha explicado este martes que el informe de fiscalización de determinadas áreas municipales elaborado por la Cámara de Cuentas emite «recomendaciones», y concluye que el Ayuntamiento cumple con la legalidad.
En una nota de prensa, después de que la Cámara de Cuentas informara este pasado lunes de que el Consistorio salobreñero no dispone de un inventario actualizado de bienes, y tiene pendiente de provisionar 226.366 euros de sentencias judiciales falladas en firme en contra del mismo, Rufino ha lanzado un mensaje de tranquilidad, ya que al ser un informe «excesivamente técnico puede dar lugar a confusiones, incluso asustar de forma infundada».
Rufino también ha asegurado que la auditoría se ha realizado «con la más absoluta transparencia y colaboración por parte del Consistorio, tal como la misma Cámara ha reconocido».
Según ha explicado la alcaldesa, la fiscalización de la Cámara de Cuentas efectúa una auditoría financiera y otra de cumplimiento de legalidad. En el aspecto financiero, el informe emite una serie de recomendaciones, «muchas de las cuales ya se han cumplido», al remontarse a 2017.
En cuanto al tema de la legalidad, María Eugenia Rufino se ha remitido al texto donde el órgano supervisor señala que «la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2017 resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos».
Igualmente, ya se han regularizado las cuentas generales y la auditoría de la radio municipal. En cuanto a la necesidad de provisionar fondos para las reclamaciones judiciales, la regidora ha matizado que se trata de «una interpretación errónea ya que, a día de hoy, el Ayuntamiento no tiene sentencias pendientes de aplicación a contabilidad».
Por otro lado, «existen discrepancias respecto a la contratación de trabajadores, ya que, al estar tan restringida por la Ley de Racionalización de las entidades locales, ha sido necesario contratar personal para determinadas funciones, como la limpieza de playas».
