Granada suscribe un convenio con la FEMP para mejorar la gestión de la tramitación de multas a extranjeros
El Ayuntamiento de Granada ha suscrito un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mejorar la gestión de la tramitación de infracciones cometidas por personas procedentes de fuera de España, ya que, hasta ahora, «quedaban impunes» por la imposibilidad de los servicios de recaudación «dada la complejidad» de proceder a la localización y notificación de los infractores.
Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, César Díaz, ha anunciado que la medida, que supondrá unos ingresos estimados de en torno a un millón de euros, «garantiza el trato igualitario de todos los ciudadanos», a la vez que se pone fin a una «indeseable ineficacia en el cumplimiento de las normas de seguridad en nuestra ciudad».
Según ha explicado, esta situación se ha producido hasta ahora por la «complejidad» de la tramitación de la sanciones en el caso de que el infractor resida fuera de España dadas «las dificultades que entraña la identificación y localización del infractor» que se requieren para proceder «a la preceptiva notificación de la multa».
César Díaz ha informado de que durante 2018 el área Movilidad ha tramitado un total de 43.000 sanciones que corresponden a personas con residencia fuera de España.
Cabe resaltar que, la mayoría de estas sanciones se imponen por el acceso indebido al centro de la ciudad en la zona controlada por 18 cámaras que velan porque se respeten los carriles bus y resto de carriles reservados para lograr la fluidez del transporte público de Granada y la rapidez en los desplazamientos de las personas que apuestan por la movilidad sostenible.
El convenio suscrito permitirá al Ayuntamiento acogerse al contrato que la FEMP mantiene a través del central de contratación con determinadas empresas para la gestión de las multas de titulares residentes en el extranjero con un coste del 40 por ciento del total de las sanciones que sean pagadas, «sin que tengamos que abonar nada por los costes de tramitación de las mismas».
