El personal de integración social e intérpretes de lengua de signos en huelga

•  CCOO mantiene que tras el anuncio por parte de la Consejería de Educación y Deporte de convertir estos puestos de trabajo externalizados en públicos, ésta no ha convocado a los sindicatos a negociar una salida para las casi 1.400 trabajadoras y trabajadores que, según la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, deben ser subrogados por la propia Administración.
• En Granada hay más de un centenar de afectados: 134 personal técnico de integración social de 120 centros y 18 Intérpretes de Lengua de Signos de 12 centros educativos.

Para la responsable del sindicato de Enseñanza de CCOO Granada, Mercedes Isabel González Liñán, queda claro que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación tiene hasta el 2022 para convertir estos puestos en públicos. Como consecuencia de ello, el pasado julio, la Consejería de Educación y Deporte comunicó su intención de rescatar dichos servicios. En su opinión, la Administración está utilizando una engañosa intencionalidad tanto con el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) como con Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), haciéndoles creer que acceder al empleo público a través de la bolsa de trabajo es la única solución para ambos colectivos, y que la Administración no es la culpable de que no se pueda materializar la continuidad en sus puestos de trabajo una vez rescatados ambos servicios.

Desde CCOO se recuerda que el personal contratado en ambos servicios externalizados de la Junta supone casi 1.400 trabajadoras y trabajadores, que desarrollan su labor en 1.300 centros, siendo un colectivo altamente feminizado con casi el 90% de mujeres.

La responsable sindical ha recordado que las afectadas no tienen garantizada la continuidad en sus puestos de trabajo una vez se produzca el rescate de ambos servicios educativos. A día de hoy su situación pasa por contratos precarios, a tiempo parcial, y se encuentran percibiendo salarios y con condiciones muy inferiores a los que le hubiese correspondido de estar contratados directamente por la Junta de Andalucía, que, además, pese a estas diferencias, en muchos casos comparten centros con empleadas y empleados públicos y desempeñan las mismas tareas”. A esta situación, González Liñán añade que “las demandas ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos de las empresas concesionarias han sido una constante durante años y los tribunales cada vez dan más razón en cuanto a la cesión ilegal de trabajadores en este tipo de contrataciones”.

Por ello, desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a revertir dichos servicios privatizados en públicos, aplicando lo que dice la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público en su Art. 130.3: “En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”.

Desde que la Consejería comunicó que asumiría directamente dichos servicios, CCOO ha realizado asambleas informativas y llevado a cabo acciones de protesta sin que la Junta haya convocado a los sindicatos a negociar una solución para estas trabajadoras y trabajadores. Por este motivo, tras una asamblea con las trabajadoras y trabajadores en diciembre, el sindicato ha convocado un calendario de movilizaciones para los próximos meses, y cuya primera jornada de movilización tendrá lugar el 15 de enero con una huelga y una concentración a las puertas de la Consejería de Educación y Deporte.

Ante esta situación, CCOO pide a la Consejería de Educación y Deporte convocar una mesa de negociación con objeto dar aplicación a lo dictado por la Ley y mantener a estas trabajadoras y trabajadores en sus puestos, evitando así la judicialización del problema, donde, como en ocasiones similares, el resultado será favorable para las trabajadoras.