El edificio judicial de Caleta estará completamente operativo tras la reforma en el segundo semestre de 2021
- La Consejería de Justicia destinará casi 7 millones de euros en 2020 para reforzar la atención a las víctimas de la violencia de género de toda Andalucía
El edificio judicial de Caleta estará completamente operativo, tras las reformas de tres de sus plantas, en el segundo semestre de 2021. Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en la inauguración de un curso de formación para jueces sobre violencia de género en Granada.
Marín ha explicado que “la licitación de las obras saldrán a concurso en quince días” y una vez adjudicadas se comenzará con las mismas. Los trabajos, que tienen un presupuesto de 2,3 millones de euros, “tienen un plazo de ejecución de 12 meses, con lo cual las tres plantas y la planta baja estarán terminadas antes del verano de 2021”.
De esta forma, Marín ha señalado que el traslado de los órganos judiciales se podrá llevar a cabo en el segundo semestre del año que viene, “y así poder seguir trabajando en la mejora del resto de sedes judiciales, que es algo que nos viene demandando el sector. Es por tanto, una buena noticia para Granada y para los profesionales de la Justicia”.
Marín también ha anunciado que la Consejería va a destinar durante 2020 un total de 6,9 millones de euros para mejorar y garantizar la atención a las víctimas de violencia de género con medidas como la renovación de los refuerzos de personal para los órganos judiciales con competencias en esta materia y la dotación de más recursos para el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) y los Puntos de Encuentro Familiar (PEF).
Unas jornadas para profesionales, organizada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y que han sido subvencionadas por la Consejería con fondos del Pacto de Estado. Un acto que también ha contado con la presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, entre otras autoridades.
Marín ha puesto en valor la importancia de este tipo de acciones formativas que, bajo el título ‘Aproximación a una perspectiva multidisciplinar de la violencia de género’, contribuyen “a mejorar la lucha activa contra la violencia de género”. “Desde la Consejería existe una especial preocupación por ofrecer a los operadores jurídicos el mayor apoyo formativo en esta materia”, ha asegurado el vicepresidente.
“Nuestra obligación como Gobierno es adelantarnos y crear las condiciones para que la Administración de Justicia ofrezca un entorno propicio, que garantice la tutela de los derechos de las víctimas y las proteja en el proceso judicial”, por lo que Marín ha explicado que este compromiso se va a traducir en 2020 en “5,7 millones de euros para mantener los refuerzos de funcionarios” y en “1,2 millones para reforzar los SAVA y los Puntos de Encuentro Familiar”.
En este sentido, ha recordado que estas medidas se pusieron en marcha en 2019 con los fondos del Pacto de Estado y van a tener continuidad. En concreto, “y para garantizar la tutela efectiva de los derechos de las víctimas”, el año pasado se invirtieron “más de 3,1 millones en refuerzo de personal de juzgados y fiscalías con competencias en violencia de género, Instituto de Medicina Legal y TSJA, mejorando con ello los tiempos de atención a las víctimas”.
Igualmente, se destinaron “casi 255.000 euros en cursos de formación en violencia de género y otros 345.000 en instalaciones y mejora de los servicios que facilitan la intervención de las víctimas en el proceso judicial, y que ha permitido la puesta en marcha de 8 salas Gesell y otras 17 más en 2020 en Andalucía”.
Además, Justicia ha mejorado el SAVA con equipos itinerantes, “conscientes de que una asistencia universal, pública, gratuita y accesible beneficia principalmente a mujeres y menores, víctimas de violencia de género”. “Un servicio que nos permite acercarnos a las víctimas que por razones económicas, por su cargas familiares o por cualquier otro motivo, tienen dificultades de movilidad y de acceso a servicios ya existentes”, ha añadido.
“Hemos intentado que la formación ofrecida a través de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género fuera heterogénea y abarcase otras muchas realidades como su incidencia en la población juvenil, en el ámbito rural o las nuevas formas de violencia sexual”, ha asegurado Marín, que ha concluido mostrando su convencimiento de que “con la inversión en infraestructuras y medios estamos dando pasos firmes que nos permitan avanzar y consolidar una Administración de Justicia solidaria con las víctimas”.
