CSIF Granada lamenta la escalada del paro y del desempleo femenino en el primer mes del año
El sindicato subraya la excesiva dependencia del tejido productivo de Granada del sector servicios, que registra un paro del 57 % del total durante el mes de enero, y urge nuevas medidas y políticas de empleo capaces de remontar las altas tasas de temporalidad, desigualdad y precariedad laboral en la provincia.
Granada, 4 de febrero de 2020
CSIF Granada, sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, valora de forma negativa los datos del paro ofrecidos hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que reflejan unas tasas de temporalidad y precariedad preocupantes en la provincia, donde se vuelve a superar la barrera de los 80.000 desempleados, con un total de 82.409 personas sin empleo en la provincia durante el pasado mes de enero.
Así, Granada registra una subida de 2.707 personas desempleadas (un 3,40 % con respecto al mes de diciembre) de las que el 57 % son mujeres (un total de 46.692), frente a 35.717 hombres (43 %), lo que pone de manifiesto que seis de cada diez personas desempleadas en la provincia son mujeres.
Para la presidenta de CSIF Granada, Victoria Eugenia Pineda, “es el momento de potenciar nuevos sectores en torno a la industria tecnológica y la ciencia para reactivar el tejido productivo granadino remontando las altas tasas de precariedad, desigualdad y temporalidad actuales”. En este sentido, urge “sumar más compromisos y financiación por parte de las administraciones para reactivar el tejido productivo y aumentar su potencial innovador”.
De igual modo, Pineda denuncia la excesiva temporalidad del mercado de trabajo de la provincia -en donde se firmaron 51.352 contratos el pasado mes, pero sólo un 4,43% de los mismos (2.277) fueron indefinidos, por 49.075 temporales-, y recuerda que “la temporalidad también afecta a nuestras administraciones públicas que siguen registrando un claro abuso de la contratación de personal interino, con plantillas envejecidas que previsiblemente se jubilarán en los próximos 10 años, lo que repercute directamente sobre la calidad de los servicios públicos prestados a la ciudadanía”.
