Los exconcejales imputados por el «caso Serrallo» se declaran inocentes

• Ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento de Granada, que ejerce la acusación particular, han formulado cargos contra estos concejales,

Los ocho exediles del PP acusados por haber participado en una Junta de Gobierno Local investigada en el denominado caso Serrallo se han declarado inocentes este jueves, en la cuarta sesión del juicio que sigue la Audiencia Provincial de Granada por la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto a un centro comercial de la capital granadina, en la que solo se podría haber creado un parque infantil.

Tras su declaración y la del resto de los 17 acusados, entre los que también están el que fuera alcalde de la ciudad por el PP José Torres Hurtado y su edil de Urbanismo Isabel Nieto, el juicio, que está señalado en principio, en la sala Antonio Angulo del edificio judicial de Caleta, hasta el próximo 2 de abril, se reanudará el próximo 19 de febrero, cuando están previstas el inicio de la ronda de testigos.

Según hizo constar el Juzgado de Instrucción 2 de Granada en el decreto de apertura de juicio oral, los ediles del PP apoyaron, el 26 de julio de 2012, en una Junta de Gobierno Local, el cambio de uso de los terrenos, alterando con ello supuestamente los establecidos en el Plan General. Se trata de Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés, Juan García Montero, Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera.

Ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento de Granada, que ejerce la acusación particular, han formulado cargos contra estos concejales, aunque sí lo han hecho otras acusaciones personadas en el proceso. Todos ellos han sido procesados como presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística.

Los acusados han declarado sucesivamente, habiéndose mostrado dispuestos a contestar a las preguntas del tribunal, la Fiscalía, que no las ha formulado al no ejercer la acusación contra ellos, y sus letrados. El primero en subir al estrado donde están declarando los acusados, frente al tribunal que preside el magistrado José María Sánchez, ha sido Juan Antonio Fuentes, que era entonces edil de Personal.

Ha aclarado que no tenía competencias en gestión o planeamiento urbanístico, y que cada concejal llevaba a la Junta de Gobierno Local los expedientes de su delegación que se iban a someter a aprobación, con los informes favorables, y que se dedicaba «sobre todo» a los que a él le repercutían, los propios de sus competencias.

Las Juntas de Gobierno Local «ahora», ha explicado Fuentes ante el tribunal, tienen menos contenido, pero en esa etapa municipal podían llegar a tener «120 puntos» en el orden del día.

Ha agregado que «nunca» se llevó a este tipo de reuniones ejecutivas «ningún expediente» con salvedades, reparos o informes negativos, y que en la que se investiga solo se aprobaba «cuál era el horario del parque», en un expediente en el que no le quedaba «otra» que votar a favor. «El problema lo habría tenido si hubiera votado en contra», ha alegado en referencia a los informes técnicos favorables, que no tenía, igualmente, la «capacidad técnica» de rebatir.

«No soy ingeniero, ni arquitecto, ni puedo disctuir» el criterio jurídico o técnico de los funcionarios, ha añadido, antes de que se mostraran de acuerdo con sus palabras, tras declararse inocentes, las ediles María Francés, entonces en Comercio; Telesfora Ruiz, de Protección Ciudadana y Movilidad, y el que fuera concejal de Cultura Juan García Montero.

Por su parte, Juan Antonio Mérida, que llevaba Medio Ambiente, ha especificado, a preguntas de la defensa, que la gestión de licencias ya habían sido traspasadas a Urbanismo cuando se celebró aquella Junta de Gobierno Local.

También ha añadido Francisco Ledesma, que era concejal de Economía, algunas consideraciones a las palabras de Fuentes, interrogado por su letrada en tanto que ejerció como secretario de la reunión. Ha indicado, en este sentido, que, según la Ley de Bases, ejercía esta función asesorado por una «oficina de apoyo» tutelada por la Secretaría General, que ejercía un «filtro legal».

Recibía entre 24 y 48 horas antes los expedientes que iban al orden del día, que iban completos y con los informes favorables. «Sí estaría incurriendo en prevaricación si votara en contra» en ese contexto, ha declarado Ledesma, antes de que tanto Fernando Egea, que fue concejal de Familia, como Vicente Aguilera, entonces en Participación Ciudadana, se hayan mostrado de acuerdo ante el tribunal con estos argumentos.

Las cuatro sesiones previstas para declaraciones de acusados la semana próxima y el lunes 18 no se tendrán que celebrar, al haber escuchado el tribunal ya a todos los procesados, incluido el promotor Roberto García Arrabal, quien también ha declarado este jueves antes de los antiguos ediles. Está previsto, por tanto, que se reanude el juicio el próximo 19 de febrero, con los primeros testigos, con unas sesiones a las que los acusados tienen derecho a no asistir, una vez han declarado.