CSIF alerta sobre el recorte de funciones y el riesgo de pérdida de empleo en más del 70 % de las Oficinas Liquidadoras de la provincia
- El sindicato rechaza la merma de servicios para la ciudadanía, fundamentalmente en las zonas rurales, y denuncia que la Junta las vacía de competencias y las reduce a “meras estafetas” de presentación de documentos
- Unos 32 empleados y empleadas trabajan en las 13 Oficinas Liquidadoras que existen en la provincia de Granada, donde ya se han producido los primeros despidos
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, denuncia las consecuencias del nuevo convenio de colaboración firmado recientemente entre la Agencia Tributaria de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta y los registradores de la Propiedad y Mercantiles de Andalucía. Dicho convenio pone en peligro el empleo en las Oficinas Liquidadoras de los citados Registros, así como la atención cercana que estas oficinas prestaban a la ciudadanía en la gestión de determinados tributos, fundamentalmente en zonas apartadas de la capital y en zonas rurales.
En la provincia de Granada, el mapa de oficinas liquidadoras se reparte en 13 municipios con un total de 32 empleados -Albuñol, Alhama, Almuñecar, Baza, Guadix, Huescar, Iznalloz, Loja, Montefrio, Motril, Orgiva, Santa Fe y Ugíjar-. En virtud del nuevo convenio, se ha despojado a 10 de las 13 Oficinas Liquidadoras provinciales de sus principales funciones, quedando reducidas a la recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, y comunicaciones de datos; así como a información y asistencia tributaria.
Las 3 Oficinas Liquidadoras restantes, las ubicadas en Almuñecar, Guadix y Motril, aunque mantienen la competencia para la gestión tributaria del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no pueden gestionar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con lo que también quedan reducidas a “simples estafetas de presentación de documentos y asistencia”.
El sindicato considera que la nueva regulación “avanza en una dirección perversa, que es el vaciado de servicios de la Andalucía rural, sacrificando un modelo de trabajo caracterizado por el suministro de información completa, cercana y actualizada y a un personal con décadas de experiencia, en aras de una administración electrónica que aún no es una realidad en muchos puntos de Andalucía”.
CSIF teme que la reducción de competencias conlleve una cascada de despidos de un personal que ya no será necesario para atender unas oficinas que quedan reducidas prácticamente a la insignificancia. En este sentido, el sindicato tiene ya constancia de cinco despidos de empleados de algunas de estas oficinas en la comunidad andaluza; dos de ellos en la provincia de Granada.
Igualmente, CSIF advierte que las 3 oficinas que se mantienen en un primer nivel de actividad a nivel provincial, soportarán una desorbitada carga de trabajo que, en muchos casos, triplicará o cuadruplicará la que venían gestionando. Esta situación se hace extensiva a toda la comunidad andaluza, en donde 24 oficinas controlarán el trabajo que hasta ahora hacían 91.
