El Altiplano se opone a la ampliación de macrogranjas de cerdos y exige mejoras en gestión de purines y olores

«No hablamos de unos pocos cerdos. En un pueblo de 1.300 habitantes tocamos a unos 500 cerdos por habitante», ha manifestado a Europa Press el portavoz de la Plataforma ciudadana contra las granjas, Evaristo Rodríguez, que considera que el problema es la alta concentración de industria porcina intensiva en Castillejar desde hace quince años.

En el pueblo, según explica, hay tres productores de porcino: el más grande, Cefusa, que cuenta con una producción de 700.000 cerdos, con 651.000 lechones, 20.000 madres y 7.000 barracos, repartidos en 10 núcleos de granjas, en el que cada uno tiene de 6 a 7 macrogranjas, en la finca Dehesa del Rey.

Ante tal magnitud, exige una mejor gestión de los purines y residuos peligrosos y del agua, ya que este ganado consume unos 125.000 metros cúbicos de agua al año. «Estamos preocupados por el manejo de sus excrementos, purines, los antibióticos que consumen, que quedan repartidos en 45 balsas de purines casi del tamaño de una piscina olímpica cada una que se evapora y que emiten amoniaco y metano», ha advertido el portavoz, que afirma que, según datos oficiales, las emisiones de amoniaco en la zona están 30 veces por encima de lo normal.

Según datos del Registro Estatal de emisiones y fuentes contaminantes del Ministerio para la Transición Ecológica, en la Dehesa del Rey se ha pasado de una emisiones de amoniaco de 131.000 kilos al año en 2010 a 307.000 kilos al año en 2018. En cuanto al metano, esta finca ha pasado de emitir 411.000 kilos/año en 2010 a 587.000 kilos/año en 2018.

En este sentido, la Junta de Andalucía realizó dos inspecciones ambientales a esta explotación, en 2015 y 2018 en las que detectó una serie de anomalías.

Puestos en contacto con Cefusa, han asegurado a Europa Press que cualquiera de las anomalías que se detectaron en Castillejar fueron «en su momento en tiempo y forma totalmente subsanadas» y han garantizado su «firme compromiso con la sostenibilidad ambiental» y, en ese compromiso aplica las mejores técnicas disponibles para reducir los impactos de su actividad en el entorno.

«Cumple estrictamente la normativa ambiental y de bienestar animal europea y española vigente, incluso va más allá de lo que establece la ley», defienden desde Cefusa, que añade que en sus instalaciones promueve un sistema de economía circular que convierte los subproductos ganaderos en recursos que generan crecimiento. Así, añaden que los purines son sometidos a tratamiento para su transformación en abono destinado a cultivos agrícolas.

Las explicaciones no convencen a buena parte de los vecinos que se quejan de que además de la Dehesa del Rey, hay otras dos explotaciones de jóvenes ganaderos del pueblo y que cuentan cada una con 1.999 cerdos. Si bien, las dos han solicitado su licencia de ampliación –para duplicar su producción– cuya solicitud de autorización ambiental integrada se encuentra en tramitación en la Junta de Andalucía. Si esta emite un informe favorable, el Ayuntamiento, dada la voluntad del alcalde Jesús Raya de dar la autorización, podría aprobar los proyectos en un pleno extraordinario.

«Pedimos al alcalde que no autorice más granjas porque ya estamos saturados y le hemos pedido más medidas para controlar los purines, pero el alcalde ha dicho que cuando la autorización llegue se aprobará», asegura.

Geoparque

El representante de la plataforma, creada en el mes de noviembre, asegura que Castillejar es un pueblo «maravilloso» y ha recordado que la zona del altiplano, formado por 46 pueblos, está pendiente de que la Unesco apruebe el Geoparque de Granada en el mes de mayo, de modo que los vecinos temen que los olores y la contaminación puedan echar al traste un nuevo modelo de desarrollo para la comarca basado en el turismo de naturaleza.

Rodríguez alerta de la contribución de esta alta concentración de macrogranjas a enfermedades, a un empeoramiento de la calidad del agua superficial y subterránea y a la crueldad animal porque cuando antes en la zona se tardaba un año en criar un cerdo, en estas granjas un cerdo llega hasta los 110 kilos en 125 días.

Desde la Diputación de Granada, la diputada provincial de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, han señalado a Europa Press que la certificación del Geoparque de Granada «no corre peligro» por la presencia de las macrogranjas y que la Unesco es «conocedora» de esa situación pese a lo cual la valoración ha sido «muy buena».

En ese sentido, ha recordado que la certificación del Geoparque no tiene figura de protección, y subraya que, en todo caso, la institución provincial aprobó una moción en contra de las macrogranjas como sistema de explotación, ya que «está probado que son insostenibles e inviables, y no crean tanto empleo como aseguran, además de hacer un mal demostrado al medio ambiente».

Desde la Plataforma, Evaristo Rodríguez lamenta la división y enfrentamientos que las posturas a favor y en contra de las macrogranjas están provocando entre los vecinos de la comarca, sobre todo entre los que tienen familiares que trabajan en las granjas. «Esto no es algo personal, es un problema que a la larga perjudica a todos por igual», opina.

Los que se oponen a las granjas no piden el cierre de las actuales sino que no se amplíe el número actual de cabezas de cerdo y se mejoren las condiciones ambientales de las actuales.

Por ello, dan hasta final de mes al Ayuntamiento para que exponga las medidas adoptadas para garantizar el buen estado ambiental de la zona, porque «este es un problema transversal para todos, los que están a favor y los que están en contra».

«Si en un plazo razonable no da una respuesta que nos deje tranquilos escalaremos la petición de información a la Junta de Andalucía», ha apuntado.

Triangulo de las cerdunas

La situación, añade, no es exclusiva de Castril y Castillejar, sino que se extiende también a otros municipios como la Puebla de Don Fadrique o las Dehesas de Guadix, a los que Rodríguez ha bautizado como «el triángulo de las cerdunas» cuya dimensión califica de «barbaridad», al tiempo que recuerda que los Ayuntamientos tienen «herramientas» para paralizar este tipo de proyectos que no cumplen ni utilidad pública ni tienen interés social.

El mismo problema se repite en otras zonas de España como en Aragón o Castilla y León. La ONG SEO/BirdLife ya advirtió hace dos años de la auténtica «burbuja» de la demanda de cerdo que vive España tanto para abastecer al mercado nacional como el internacional.

La técnico de agricultura de SEO/BirdLife Ana Carricondo alertó a Europa Press de las graves repercusiones ambientales en el entorno de estas granjas por el uso intensivo que hacen del agua, la mala gestión de los purines y la contaminación por nitratos en el suelo y, por ende, de acuíferos y masas de agua.

En Zamora, junto al humedal de las Lagunas de Villafáfila, –Zona de Especial Protección para las aves y Zona de Especial Conservación– cuentan ya con varias instalaciones en los pueblos circundantes. «El último proyecto en Villafáfila es un ejemplo más del descontrol con en este tipo de granjas en todo el país, sobre todo en Castilla y León y en Aragón», ha comentado Carricondo.

En 2016 y 2017 se publicaron cada año en el Boletín Oficial de Castilla y León en torno a 100 autorizaciones de granjas. Lo mismo ocurre en Aragón, que con menor extensión de Castilla y León en 2016 constaba un centenar de nuevos proyectos, 24 en Zaragoza, 62 en Huesca y otros 19 en Teruel.