Un tribunal anula el pliego para el contrato de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento

• Podemos-IU celebra la impugnación de la “reprivatización” del servicio de ayuda a domicilio y  exige un informe económico al Ayuntamiento que estudie el coste de la municipalización
• UGT aclara que el hecho de que se suspenda el procedimiento de contratación no supone ni que el servicio vaya a dejarse de prestarse a los usuarios en las mismas condiciones

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, dependiente del Ayuntamiento de Granada, ha resuelto sendos recursos de UGT y de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) y ha dado la razón a las alegaciones formuladas por Podemos-IU sobre el precio por hora que cobran las casi 800 auxiliares de ayuda a domicilio que atienden a alrededor de 3.300 usuarios en la capital nazarí.

El motivo de la anulación del pliego de condiciones del servicio de ayuda a domicilio (SAD) es por el incumplimiento de varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, debido a que el Ayuntamiento de Granada no ha elaborado un informe económico que avale el coste de la licitación ni el precio por hora de las trabajadoras.

Esta disparidad y diferencia en el precio por hora de trabajadores, con la misma cualificación y realizando las mismas tareas, tiene como consecuencia que la diferencia de la licitación de los profesionales pueda ser de hasta un 32% dependiendo de si la hora la subvenciona la Junta, que en 2017 puso un precio político de 13 euros por horas en bruto, o el Ayuntamiento, que la cuantifica en 17 euros.

Así, hay trabajadoras a las que se les paga la hora de trabajo entre 5,50 y 6 euros y otras que reciben unos 7 euros por realizar las mismas funciones. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos le dice al Ayuntamiento que “no entiende” cómo cuantifica un precio distinto por hora a las trabajadores del SAD municipal con respeto a las del SAD de Dependencia.

Municipalización

La concejala de Podemos-IU Elisa Cabrerizo ha propuesto que el pliego de condiciones del SAD sea estudiado, sus consecuencias, su alcance y su contenido, en la comisión de control de las contrataciones que se ha constituido recientemente para supervisar los grandes contratos del Ayuntamiento.

Cabrerizo plantea que se reclame también a los servicios técnicos municipales la emisión de un informe económico en el que se incluya el coste de la municipalización para poder comparar qué forma de prestar el servicio es la más adecuada.

Según estudios del grupo municipal de Podemos-IU, la gestión directa de la ayuda a domicilio, cuyo coste del contrato asciende anualmente a unos 13 millones de euros, acarrearía una reducción de costes al Ayuntamiento de un millón que se podría invertir en mejoras para las trabajadoras y usuarios de este servicio esencial que en la actualidad está prestado por la empresa Arquisocial. “Esta resolución del Tribunal de Contratos Públicos es una segunda oportunidad para que el Ayuntamiento haga las cosas bien”, ha sentenciado Cabrerizo.

Por su parte UGT ha mostrado su satisfacción por esta Resolución, ya que los pliegos impugnados establecían unas condiciones económicas que no garantizan la cobertura de los costes salariales. En concreto, recuerdan, establecían un precio del servicio de 13€/hora, cuando el mínimo debería ser de 14,60€/hora (IVA incluido), ya que de otra forma no se iba a garantizar el cumplimiento del Convenio Colectivo. Y eso, sin incluir en esos 14,60€ las cantidades correspondientes a la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial, que deberían sumarse a esa cantidad, tal y como recoge la Ley de Contrato del Sector Público (LCSP).

UGT aclara que el hecho de que se suspenda el procedimiento de contratación no supone ni que el servicio vaya a dejarse de prestarse a los usuarios en las mismas condiciones, ni que los trabajadores vayan a ver mermados sus derechos laborales y salariales actuales.

Así, desde el Sindicato se aclara que no se ha pedido que se suprima la licitación, sino que se rectifiquen los pliegos del contrato, como así recoge la Resolución; y ello, por considerar que tal y como estaban redactados, podían vulnerar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores durante la ejecución del contrato, así como el mantenimiento del empleo.

UGT espera que en la nueva redacción de los pliegos de este contrato administrativo se tenga en cuenta lo establecido en el del Convenio Colectivo de aplicación, la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial, ya que estamos hablando de un servicio público, catalogado como prioritario, y pagado con los impuestos de la ciudadanía. Lo que hay que promover, se afirma, es la calidad del servicio, no sólo para los usuarios sino también para los trabajadores y trabajadoras que lo prestan, que en muchos casos están en situación laboral precaria.