Más de 3.800 alumnos de la provincia de Granada se benefician del plan de garantía alimentaria de la Junta
- Los contratos de emergencia y subvenciones cubren las necesidades de estudiantes de 183 públicos y 9 concertados
Más de 3.800 alumnos de la provincia de Granada se benefician del plan de garantía alimentaria al que la Consejería de Educación y Deporte ha destinado, para el conjunto de Andalucía, más de 10 millones de euros a los contratos de emergencia y subvenciones que han permitido garantizar la alimentación a 31.000 alumnos en riesgo de exclusión entre centros públicos y concertados con planes de educación compensatoria, en el marco de las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno para paliar los efectos del cierre de los centros educativos por el decreto del Estado de Alarma.
Se trata de estudiantes de 183 centros educativos públicos y 9 concertados. El servicio está funcionando con normalidad, con un seguimiento que permite que los menús que no son recogidos por las familias sean distribuidos a otras familias a través de los servicios sociales de los ayuntamientos.
El pasado 16 de marzo, el primer día lectivo que los comedores escolares estaban cerrados como consecuencia de la declaración de Estado de Alarma por parte del Gobierno central, el Consejo de Gobierno aprobó la tramitación de emergencia del suministro de comidas para el refuerzo de alimentación infantil. Esa misma semana comenzó la distribución para los alrededor de 18.000 alumnos incluidos en el Plan Syga durante el curso, que incluye alumnado de infantil y primaria de centros públicos en riesgo de exclusión social, y a los que les proporciona tres comidas diarias.
El seguimiento permanente de la situación social y en colaboración con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se acuerda la ampliación de la medida a 1.000 alumnos más de la red pública y casi 1.900 de la red concertada con planes de compensación educativa, con lo que el 30 de marzo casi 21.000 alumnos en riesgo de exclusión estaban recibiendo esa atención por parte de la Junta de Andalucía. La distribución de alimentos se mantuvo en el periodo vacacional de Semana Santa, algo que no habría ocurrido en condiciones normales del curso. El miércoles 8 de abril, en plena Semana Santa, el Consejo de Gobierno aprobó la inclusión de alrededor de 11.000 alumnos más, con lo que los menores beneficiados superan ya los 31.000.
El alumnado que está recibiendo esta atención es el que ya estaba identificado como en riesgo de exclusión social cuando se suspendió el comedor escolar, y se han ido incorporando a más alumnado, a petición de los servicios sociales, hasta que se han arbitrado ayudas directas a las familias.
En ningún caso la identificación está vinculada al porcentaje de bonificación en el comedor escolar que se pueda establecer durante el curso escolar normal en los distintos servicios complementarios.
La excepcionalidad de la situación ha hecho que la Junta esté reforzando las actuaciones de ayuda a los más vulnerables y adoptando medidas coordinadas entre distintas Consejerías, siempre con el objetivo de dar una respuesta integral a la unidad familiar, no solo al hijo en edad escolar.
Así, desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se han impulsado los procedimientos extraordinarios para acelerar la resolución de expedientes de Renta Mínima de Inserción Social y agilizar esta prestación de atención a las situaciones de necesidad. Una iniciativa que va a movilizar unos 9,4 millones de euros y beneficiar a más de 5.000 familias, de ellas 1160 en la provincia de Granada.
También ha aumentado el presupuesto destinado a las Ayudas Económicas Familiares hasta alcanzar los 15,3 millones de euros (un 20% más para el ejercicio 2020) y agilizando su gestión. Esta medida beneficiará a unas 16.000 familias y a 29.000 menores. Además, la Consejería de Igualdad ha distribuido los recursos del Fondo Social Extraordinario, procedentes del Gobierno de la Nación, adelantando 29 millones de euros a ayuntamientos y diputaciones, de los cuales un 35% se destinan a la garantía de ingresos suficientes a las familias para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas.
