Para los sindicatos la COVID-19 ha revelado la debilidad de la prevención de riesgos laborales en Granada
En el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo que se celebra mañana martes, los sindicatos hacen un reconocimiento público a las víctimas del COVID-19 y a la labor de los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales. UGT y CCOO recuerdan que en 2019 Granada se situó como la primera provincia andaluza con mayor siniestralidad laboral mortal, con 17 accidentes mortales. En 2020, hasta febrero, ascienden a 3, incluyendo el fallecimiento del primer médico víctima de la pandemia en Granada, el doctor José Manuel Fernández, de 61 años de edad, del servicio de Urgencias del Centro de Gran Capitán de Granada, que ambos Sindicatos consideran se trata de una muerte en accidente laboral por una notable falta de medios de protección, que los sanitarios siguen sufriendo a día de hoy, en la provincia andaluza con mayor número de personas contagiadas de este colectivo.
El responsable de Salud Laboral de UGT Granada, José Antonio Enríquez, recuerda que los trabajadores, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el desarrollo de sus labores profesionales, por lo que es la empresa la que debe adoptar las medidas de protección que garanticen y protejan a los trabajadores de los riesgos para la salud. Sin embargo, denuncia, muchas empresas granadinas no están dando una respuesta adecuada ante esta crisis sanitaria, y no están adoptando las medidas preventivas necesarias, ni están proporcionando los EPIs para proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su cargo.
Así, el representante de UGT, ha reclamado un aumento de la inversión en prevención de riesgos laborales por parte de las empresas, porque invertir en prevención es invertir en la salud de los trabajadores. Además, ha recordado que las empresas han de elaborar un plan de contingencia y un protocolo de actuación frente al coronavirus, consensuado con la representación legal de los trabajadores, ya que solo así las medidas que se adopten serán eficaces.
Por último, Enríquez (UGT) ha exigido una Inspección de Trabajo y Seguridad Social con recursos suficientes para cumplir eficazmente con la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales; y lamenta que, cuando se actualicen las cifras y se agilice la tramitación administrativa retrasada por el estado de alarma, las cifras de siniestralidad laboral aumentarán, ya que se están produciendo retrasos en la tramitación administrativa de los partes de accidentes de trabajo respecto a los plazos habituales, lo cual puede afectar a los resultados.
Por su parte, la responsable de Salud Laboral de CCOO Granada, Maria José López Garrido, ha denunciado que esta pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto una realidad que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo: la salud laboral forma parte indisociable de la salud pública. La prueba de ello son los contagios producidos, tanto en el ámbito laboral como en los desplazamientos al lugar de trabajo; no solo en ámbitos laborales muy evidentes como el Sociosanitario, sino también en otros no tan evidentes como el sector de Servicios o Industria, por ejemplo.
También, ha explicado la responsable sindical, se ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema preventivo que era ya patente, pues se basa en un modelo de la prevención como un negocio y no un derecho, externalizando su gestión. En su opinión, esta crisis ha visualizado las tremendas limitaciones de los servicios de prevención, fundamentalmente en los ajenos, en los que incluso se han realizado ERTEs en sus plantillas, en un momento en el que estos trabajadores y trabajadoras son aún más esenciales, lo que ha propiciado la práctica imposibilidad de cumplir las instrucciones de las autoridades sanitarias y poder así limitar las exposiciones al virus.
Por todo ello, la responsable de Salud Laboral de CCOO Granada ha considerado que “ahora es más necesario que nunca un cambio de modelo en la prevención española, que priorice la salud y la seguridad de las personas trabajadoras”. Y ha pedido a las Administraciones estatales y autonómicas que empiecen a trabajar en este sentido.
