Los convenios con el sector privado monopolizan más del 90% de las escuelas infantiles en la provincia
- Solo 14 guarderías de Primer Ciclo (0-3 años) de entre 212 son gestionadas directamente por la Junta de Andalucía, pese a que el coste por alumno en las escuelas públicas es prácticamente el mismo
El Gobierno de la Junta de Andalucía aumentará en 2020 la partida extraordinaria para el pago de gestión de los centros que ofertan plazas del tramo de Educación Infantil no obligatoria, de 0 a 3 años, hasta los 13,8 millones de euros, debido al incremento en un 5% del precio por alumno. «No serán los padres quienes paguen este aumento», alegan desde la Consejería de Educación, «ya que se ampliarán las bonificaciones y el coste lo asumirá la Administración».
Según el Ejecutivo regional, antes del fin de legislatura «este tramo educativo será gratuito». Las cifras de la Consejería de Javier Imbroda desglosan un presupuesto 2019 destinado a Primer Ciclo (0-3 años) de 302 millones de euros, de los que 185 se asignan al programa de ayudas a las familias para acceder a las plazas y el resto a los centros de infantil de titularidad de la Junta, incluyendo sus gastos de personal.
Sin embargo, desde el tejido sindical cuestionan la idoneidad del modelo actual de guarderías y critican el excesivo peso del sector privado en la gestión de las mismas. Empresas que apoyan su viabilidad comercial en explotar escuelas infantiles conveniadas con las administraciones públicas. Según datos del área de Educación de Comisiones Obreras, en la provincia de Granada estos convenios copan más del 90% de las escuelas infantiles 0-3 años. «Existen 102 guarderías de titularidad pública, gran parte de ellas de carácter municipal, pero administradas de facto por empresas privadas, mientras que 96 son directamente de capital privado, y solo 14 públicas, a cargo de la Junta de Andalucía», detalla Mercedes González (CCOO Educación).
En la práctica, según el sindicato, este mapa de escuelas infantiles dibuja una realidad en la que la externalización del servicio reduce la calidad de la educación infantil y del empleo generado. «Algunas de las maestras de estos centros (son mujeres más del 90%) apenas alcanzan el salario mínimo». Las guarderías conveniadas con el sector privado emplean a alrededor de 1.000 personas en la provincia de Granada y atienden a unos 10.000 niños.
En esta línea, el sindicato comprende el aumento del precio por alumno que, a priori, asumirá la Junta de Andalucía: «Muchas de estas escuelas no tienen ingresos suficientes y necesitan de ese incremento para que no se continúe empeorando la calidad y destrucción del trabajo en este sector, además, aquellas que no consiguen llenar sus grupos se topan con un problema de financiación, ya que el coste se calcula por unidad y no por plazas cubiertas». Alertan, eso sí, de que «en ningún caso este encarecimiento del precio por plaza han de asumirlo las familias».
De hecho, la propia Consejería de Educación se ha comprometido a que los padres queden exentos del sobreprecio, aunque desde los sindicatos desconfían y temen que el nuevo Ejecutivo avance hacia el adelgazamiento del tejido público, entre otras cosas, por la política de reducción de la presión fiscal que van a aplicar en impuestos como el de Sucesiones, «política incompatible con la apuesta por la inversión pública».
Integración en el sistema público
Desde CGT, sindicato consultado también por La Voz de Granada, coinciden con CCOO en que la estructura de la Educación Infantil de Andalucía debe enfocarse hacia la gestión pública directa de las guarderías, garantizando además la gratuidad del tramo no obligatorio 0-3 años.
«Potenciar la educación concertada no supone en modo alguno un ahorro de fondos públicos, sino pagar a empresas privadas por unos recursos con los que el sistema público cuenta e infrautiliza», explica Juan Miguel Mendoza, del área de Enseñanza de CGT Granada.
Mercedes González (CCOO) detalla que las 14 escuelas infantiles propiedad directa de la Administración andaluza en la provincia «no suponen un coste mayor por plaza respecto a las conveniadas con empresas privadas, la diferencia en ese sentido apenas existe». En estos centros públicos se emplea a unas 270 personas, que son personal laboral de la Junta de Andalucía, con condiciones más favorables que en las escuelas externalizadas.
El coste público mensual por plaza en las escuelas infantiles es de 278,88 euros actualmente, por 207 euros sin comedor.
