Dos cabalgan juntas: segregación y privatización
Recientemente manifestamos nuestro rechazo al modo en que la Consejería de Educación ha planteado la formación del profesorado de cara a su habilitación para poder impartir docencia en el Bachillerato Internacional que se va a implantar en siete centros educativos andaluces.
Ahora queremos dejar claro, también, nuestro rechazo a esta modalidad de bachillerato que, bajo el amparo de la “internacionalización”, es una forma encubierta (o no tanto) de gastar el dinero público en crear y potenciar un bachillerato de “élite”, segregador y sujeto al control de una entidad privada que, a fin de cuentas, estará al alcance de solo 210 alumnos de toda la comunidad, 30 por cada uno de los centros seleccionados en cada provincia en este primer curso de implantación.
En pleno debate sobre el problema de la brecha digital y social que la pandemia que estamos viviendo ha puesto de manifiesto, esta medida parece encaminada a convertirla en zanja para el caso del bachillerato, estableciendo un muro entre una minoría de alumnado “selecto”, que trabajará en grupos más reducidos (30 por centro) y con una metodología supuestamente “de excelencia”, mientras sus compañeras y compañeros en esos mismos centros (y no digamos en los del resto de Andalucía) tal vez tengan que aglomerarse, de nuevo, en grupos de 39 individuos. Un bachillerato de “élite” que, entre otras cosas, plantea la obligatoriedad de que todas las disciplinas del saber estén presentes en el currículo, mientras en el mismo centro podría darse el caso de que el alumnado del vulgo no pueda cursar las materias de su elección por no alcanzarse cierto número de matrículas, como ha venido pasando en tantos centros andaluces en los que el alumnado de Humanidades no puede cursar la materia de Griego o, simplemente, ha dejado de impartirse esta modalidad en su conjunto.
Decía un sabio antiguo que “lo mejor es enemigo de lo bueno”, y esta apuesta por gastar el dinero público en una línea estratégica que “abre la puerta a cualquier universidad europea y del resto del mundo” a un reducido número de alumnos andaluces, mientras se deja al resto en la estacada, nos parece un buen ejemplo de esta máxima.
Por lo tanto, dejamos bien claro de entrada nuestro rechazo a la idea en sí de segregar al alumnado de bachillerato y establecer categorías (primera o segunda división) dentro de nuestros centros, basadas, además, en el criterio de la nota obtenida en 3.º y 4.º de ESO, lo que de extenderse esta modalidad de bachillerato crearía un ambiente de competencia extrema y obsesión por las calificaciones a cualquier precio que, a nuestro entender, dista mucho de los valores y principios que deben imperar en los centros educativos públicos.
Pero si pasamos del fondo a la forma, aún más crece nuestro rechazo y desconfianza hacia la fórmula elegida para desarrollar este Bachillerato Internacional, que no ha sido otra que la de “comprar” el sello de calidad y el diseño curricular y metodológico a una Fundación Internacional “sin ánimo de lucro” (otra más) que desde su sede en Ginebra ha creado una red mundial de centros asociados (escolares y universitarios) destinados a formar a las élites de todo el mundo.
No podemos negar que la Fundación International Baccalaureate, nacida en 1968, es una entidad de gran prestigio internacional. Registrada como fundación sin ánimo de lucro en Suiza, y partiendo de un capital inicial de 10.000 francos suizos, en su último balance de cuentas hecho público, el del curso 2018-2019, declara haber tenido unos ingresos de 247,5 millones de dólares estadounidenses, alcanzando un capital activo total de 357,4 millones de dólares. Habiendo sido sus gastos totales en el mismo ejercicio (entre variables y fijos) de 165,7 millones de dólares, le queda un balance de beneficio anual de 71,5 millones de dólares, que le dejan disponible un activo neto de 260,6 millones de dólares.
El origen de sus ingresos lo desglosa en varias categorías, siendo la que más aporta la tasa por realizar los exámenes externos al alumnado de sus centros asociados (117,2 millones de dólares), que pronto se verán incrementados con el pago de las tasas de examen de los nuevos alumnos andaluces que se incorporan a la red el próximo curso (105 euros por las tres materias propias del programa y 85 euros por cada materia ordinaria por estudiante).
El segundo capítulo más importante de ingresos es el que aportan las cuotas anuales que debe pagar cada centro por formar parte de la red, que supuso para la Fundación 57,5 millones de dólares el pasado curso. Los centros de segunda división en la red, los denominados “centros solicitantes” (categoría en la que entran el próximo curso nuestros siete centros andaluces), deben pagar una tasa anual de 3.030 euros. Calculadora en mano, estos centros incrementarán el ingreso por este concepto en 21.210 euros el próximo curso.
En fin, la formación del profesorado para ser homologada y poder impartir docencia en el programa de la Fundación aporta anualmente 45,4 millones de dólares. Por supuesto, no es todo lo que se paga por los talleres de 15 horas que recibe cada docente, porque las entidades asociadas que tienen la exclusiva de impartir esta formación (la Universidad Camilo José Cela en el caso de España) se llevarán su trozo del pastel, claro.
En definitiva, cuando se observa el volumen de ingresos anuales de esta Fundación, que debe registrarse por imperativo estatutario en su sede de Ginebra para tributar (como fundación sin ánimo de lucro) ante el fisco suizo, y cuando no podemos encontrar ninguna información sobre el carácter de los gastos fijos y variables, ni sobre el posible destino del dinero remanente, Nóos viene a la memoria el caso de algunas fundaciones sinónimo de lucro que hemos conocido en la historia reciente de nuestro país, aunque no podemos afirmar que ése sea el caso de la Fundación IB a la que la Consejería de Educación ya ha debido desembolsar importantes pagos por el proceso de gestión de la solicitud de inclusión en su red de los siete centros andaluces.
No vamos a ser quienes levantemos ninguna sospecha sobre una Fundación Internacional de tan reconocido prestigio, que cuenta, a su vez, con donaciones altruistas de otras fundaciones como la Fundación Aga Khan, Vanguard Charitable o la Fundación Rey Faisal, famosa por su contribución a la defensa de los Derechos Humanos. Una Fundación, además, que tiene el marchamo de haber contado entre su selecto alumnado a personas de tanto prestigio como Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, Raiyah bint Hussein, princesa de Jordania, Guillermo Alejandro de Orange, rey de los Países Bajos, Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook, Mohamed Nasheed, presidente de Islas Maldivas, o por citar un último ejemplo, Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte. Todo un lujo para la escuela pública andaluza que un selecto número de nuestro alumnado de bachillerato pueda decir que ha obtenido su título internacional en la misma organización que estas élites mundiales.
Tampoco nos gusta, en cuanto a la implantación del Bachillerato Internacional en los centros públicos andaluces, la forma de selección del alumnado que ocupará las 30 plazas ofertadas en cada uno de los siete centros elegidos. En principio, el único criterio es el expediente académico de 3.º y 4.º de ESO, si bien en caso de empate (que presumimos serán muchos) se priorizan determinadas materias y, de persistir el empate (que presumimos seguirá siendo muy probable), se establecen fórmulas de solución. Todo previsto.
Se establece también que al menos 10 aspirantes se seleccionen con el criterio de haber cursado Latín o Francés como Primera Lengua Extranjera (por imperativo del programa), con independencia de no estar entre los mejores 30 expedientes solicitantes. Y, finalmente, se reservan 10 plazas para el alumnado propio de los centros seleccionados (o adscritos… léase privados concertados), quedando otras 10 plazas para alumnado de cualquier centro de la provincia (público, privado-concertado o, no nos queda claro, privado). En definitiva, una apertura de puertas para que el dinero público de todos los andaluces se destine a financiar mediante transferencias bancarias a Ginebra una educación selecta para la élite andaluza.
CGT no tiene nada en contra de la internacionalización de la educación andaluza, pero se nos ocurren fórmulas bien diferentes para acometerla bajo principios de igualdad de oportunidades, inclusión de todo el alumnado y coste mínimo para el presupuesto público. Se llaman Proyectos Erasmus, y están abiertos a la participación de todos los centros de Andalucía de todos los niveles educativos. Implican la recepción de Fondos Europeos para su financiación, por lo que el coste para nuestras arcas públicas es mínimo. Estos programas priman y priorizan la financiación de proyectos inclusivos, que integren como participante activo a alumnado con NEE y NEAE, como también prioriza los proyectos presentados por centros de zonas rurales y zonas económicamente deprimidas. Es complicado para muchos centros “humildes” elaborar proyectos de calidad que consigan la aprobación y financiación de la Unión Europea, y aun así son numerosos los centros andaluces que cada año lo intentan y consiguen, en muchos casos con poco o nulo apoyo de la Consejería de Educación.
Sr. Imbroda, ¿por qué no apuesta por la internacionalización de nuestros centros apoyando y asesorando de manera eficaz a esos centros que presentan proyectos Erasmus, y que consiguen con su esfuerzo transferir a nuestra tierra fondos europeos?
Y si tanto le preocupa la calidad de nuestro bachillerato, ¿por qué no copia, que es gratis, algunas de las ideas que ha podido ver en el modelo del Bachillerato Internacional? Grupos más reducidos de estudiantes, respeto a la vocación del alumnado asegurando la impartición de todas las modalidades y materias, incluyendo el Latín y Griego, fomento de metodologías de aprendizaje activo, inversión en formación del profesorado…
Ya, es más cómodo pagar con dinero ajeno una buena cantidad a una Fundación extraeuropea para que siete centros andaluces puedan colgar un oropel en sus entradas y páginas webs, y un puñado de alumnos y alumnas andaluces obtengan el gran privilegio de tener acceso preferente a prestigiosas universidades del mundo, en el caso de España solo la Universidad (privada) de Navarra y la Universidad Camilo José Cela.
Buen trabajo, Sr. Imbroda. Tenga cuidado de no tropezar algún día con el mecanismo de las puertas giratorias que pueda encontrarse en su camino, como les ha ocurrido a otros responsables de la Educación Pública de diversas regiones del mundo que han acabado formando parte de los cuadros de gobierno de la Fundación International Baccalaureate.
Nadia Bouadi Barco
Secretaría de Comunicación de FASE CGT
