Suspendido el juicio por el crimen del guardia civil por falta de medidas de seguridad

• El letrado de la familia del guardia civil ha reconocido que las distancias entre los miembros del jurado eran mínimas y no había un micrófono por interlocutor

El juicio previsto este lunes en la Audiencia de Granada contra el acusado de matar en 2018 de un tiro a un guardia civil en acto de servicio en Huétor Vega ha sido finalmente suspendido al alegar las partes la ausencia de suficientes medidas de seguridad frente al coronavirus.

Se trataba del primer juicio por la fórmula de jurado popular convocado en España desde que se decretara el estado de alarma por la pandemia del coronavirus y para su realización se habían previsto diversas medidas de higiene, seguridad y distanciamiento social, que las partes no han considerado suficientes.

Concretamente, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha tomado la decisión de suspender el juicio después de que así lo hayan solicitado las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil alegando que la sala de vistas no cumple las condiciones sanitarias y de distancia física que permitan la celebración en las condiciones necesarias.

Por extensión, sostienen que esta «falta de medidas de seguridad» que el jurado pueda estar en condiciones adecuadas para abordar este juicio, según ha detallado el letrado que representa a la acusación popular ejercida por la AUGC en este caso, José Guerrero. El resto de las partes no se ha opuesto, tampoco la Fiscalía ni el letrado de la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima.

A la salida de la Audiencia de Granada, la viuda del agente, Raquel Pérez, ha lamentado visiblemente emocionada que el juicio se suspenda tras «muchos meses de espera» y el sufrimiento que este caso está generando a su familia. «Esperaba que acabara ya esta semana, es muy duro empezar otra vez y esperar de nuevo».

El letrado de la familia, Javier López y García de la Serrana, ha mantenido que aunque querían que el juicio se celebrara «por la familia, para acabar con el calvario» que está suponiendo a la familia, entienden que no se dan las condiciones mínimas de seguridad.

Comparte con las acusaciones particulares el criterio de que el jurado, que no ha llegado a constituirse, no estaría en condiciones mentales y anímicas adecuadas para atender durante cinco días este complejo juicio.

Los nueve miembros del jurado iban estar separados unos de otros mediante cubículos semicerrados de metacrilato, al igual que los miembros del tribunal, la Fiscalía y los letrados. El acusado y el resto de los testigos iban a declarar detrás de una mampara y todos los asistentes debían llevar obligatoriamente mascarillas y guantes.

El letrado de la familia del guardia civil ha reconocido que las distancias entre los miembros del jurado eran mínimas y no había un micrófono por interlocutor, sino que los abogados debían compartirlo cambiando el plástico que lo recubre. Así, no se ha opuesto a la suspensión para evitar también posibles nulidades en una sentencia que esperan que sea condenatoria.

Por el momento el juicio se ha suspendido sin fecha, aunque la acusación particular pedirá que para el próximo señalamiento se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que esta situación se repita.

La Fiscalía ha solicitado para el acusado un total de 27 años de prisión por delitos de homicidio, daños, robo de vehículo a motor y otro de depósito de armas de guerra.

El fiscal mantiene que aquella noche, sobre las cuatro de la madrugada, el acusado empuñó, en el marco de una persecución, «el arma a corta distancia del agente y, con intención de acabar con su vida, efectuó un disparo hacia la zona situada entre el abdomen y la ingle» que le provocó la pérdida masiva de sangre y el fallecimiento por shok hipovolémico.

La persecución se inició cuando supuestamente el acusado «aceleró» tras darle el guardia civil el alto, junto con la agente en prácticas que lo acompañaba, después de que realizara «una maniobra que resultó sospechosa (…) probablemente porque manejaba un vehículo robado y porque portaba una mochila con un arma» considerada de guerra que arrojó durante la huida.

Junto a la pena de cárcel, la Fiscalía reclama para el acusado el pago de multas por algo más de 2.000 euros y más de 334.000 euros en indemnizaciones para la mujer y los dos hijos que dejó el agente fallecido.

La acusación particular ha solicitado 42 años y medio de prisión; y la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la guardia civil en prácticas que acompañaba al fallecido, 37 años.

A ello se suman las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (que pide 23 años) y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, que se adhiere a la petición del fiscal.