El PP abre debate sobre el Ingreso Mínimo Vital al pleno de la Diputación y a los ayuntamientos para garantizar que los consistorios tengan recursos suficientes

• Los populares piden un nuevo fondo que permita a los ayuntamientos granadinos atender la gestión de esta nueva prestación de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes en las mismas
• Inmaculada Hernández: “Sin esos fondos adicionales, será inviable para las entidades locales gestionar esta nueva prestación estatal y, por tanto, será inviable la firma de estos convenios de colaboración”

El Partido Popular de Granada elevará al pleno de la Diputación y también de los ayuntamientos de la provincia el debate sobre la gestión del Ingreso Mínimo Vital, aprobado por el Gobierno de España, para “garantizar” que los ayuntamientos de la provincia de Granada tengan “información y recursos suficientes” para su tramitación.

Por ello, los populares han registrado una moción instando al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a crear un nuevo fondo que permita a los ayuntamientos granadinos que asuman la gestión de esta nueva prestación, a través de convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, atender dicha gestión de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes en las mismas.

Según ha detallado la portavoz del PP granadino y también del grupo popular en la Institución Provincial, Inmaculada Hernández, “sin esos fondos adicionales, será inviable para las entidades locales gestionar esta nueva prestación estatal y, por tanto, será inviable la firma de estos convenios de colaboración”.

Además, el grupo popular solicitará que se envíe, de forma urgente y antes de que esta prestación entre en vigor, a todas los ayuntamientos el borrador del texto de convenio que tendrían que firmar para gestionar el Ingreso Mínimo Vital “a fin

de que los alcaldes puedan analizar con sus servicios técnicos las implicaciones económicas, jurídicas y de gestión que se derivan de dicho convenio y valorar adecuadamente si la entidad local puede asumir esa gestión o la misma permanece en el Instituto Nacional de la Seguridad Social”.

“También pediremos que el gobierno de Pedro Sánchez garantice que todas las comunidades autónomas puedan participar de la misma manera en la tramitación y gestión del Ingreso Mínimo Vital si consideran que es lo más adecuado para sus ciudadanos”, ha indicado Inmaculada Hernández.

La portavoz popular ha recordado el “agravio” hacia Andalucía tras conocerse que comunidades autónomas como País Vasco, Navarra y Cataluña podrán gestionar directamente esta nueva prestación social, “situación que contradice la igualdad entre españolas consagrada por la Constitución Española”.

Ante la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del Covid-19, el gobierno de España ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación de la Seguridad Social que tendrá carácter permanente y que, según el propio Gobierno, tiene como principales objetivos “la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad”.

“Un ingreso, por tanto, que tiene los mismos objetivos que los que ya están gestionando las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y, por tanto, aunque compartimos la filosofía de ayudar a los más vulnerables, quizás hubiese sido más eficaz y eficiente transferir fondos a estas administraciones para que pudiesen continuar reforzando y ampliando las ayudas ya existentes rediseñándolas, si fuese necesario, para que pudiesen cumplir mejor los objetivos que persiguen”, ha defendido Inmaculada Hernández.

Por ello, la portavoz ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez “no haya consensuado esta medida con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos, ni ha contado con la opinión de estas administraciones durante el proceso de elaboración de la norma que regula el Ingreso Mínimo Vital”.

“Esto puede dar lugar a duplicidades e ineficiencias en la gestión además de generar incertidumbre e inseguridad jurídica”, ha apostillado Hernández.