El movimiento ecologista aumenta el pulso contra las ‘macrogranjas’ en la provincia

• En Castilléjar Ecologistas en Acción ha logrado tumbar vía alegación una declaración del Ayuntamiento para considerar como Proyecto de Interés Social la ampliación de una explotación porcina que había solicitado aumentar su capacidad de producción de los 2.000 hasta los 7.200 cerdos
• Desde el Gobierno andaluz defienden el modelo: «No se puede denostar la ganadería intensiva porque genera riqueza en el entorno rural»

Dehesas de Guadix no es el único territorio de confrontación del ecologismo contra las ‘macrogranjas’. Allí, Ecologistas en Acción inició la cruzada de alegaciones a finales de 2018 frente al proyecto en marcha que pretende construir una explotación porcina con capacidad para 125.000 cerdos anuales. Un caso ya de impacto tras alcanzar el Parlamento andaluz de la mano de Izquierda Unida y surgir incluso una plataforma de afectados en este entorno del noreste provincial. Ahora es en Castilléjar donde la agrupación ecologista ha logrado tumbar vía alegación una declaración del Ayuntamiento para considerar como Proyecto de Interés Social la ampliación de una explotación porcuna que había solicitado aumentar su capacidad de producción de los 2.000 hasta los 7.200 cerdos.

«La asignación como Proyecto de Interés Social de una explotación industrial de este tipo se apoya en la idea de que impulsa la economía y crea puestos de trabajo», explica Javier Egea desde Ecologistas en Acción. Sin embargo, la confederación detalla a La Voz de Granada que los datos no reflejan este concepto: la enorme granja de Dehesas de Guadix oferta 11 puestos de trabajo, mientras que la explotación polémica de Castilléjar que había solicitado su expansión apenas da lugar a dos empleos. «Además, habitualmente son los propios promotores, los dueños, quienes trabajan directamente en estas instalaciones, sin generar mayor impacto en el empleo», indica Egea.

La declaración que Ecologistas en Acción ha conseguido tumbar en el municipio de la comarca de Huéscar no evita que se puedan terminar concediendo los permisos de ampliación a la granja, ya que, al superar la capacidad de 2.500 cerdos, el trámite es de competencia regional -Junta de Andalucía-, excediendo la jurisdicción local.

De hecho, según denuncia EEA, es habitual que para la puesta en marcha de estas granjas se planteen proyectos a dos velocidades: primero con instalaciones iniciales por debajo de los 2.500 cerdos -que deja todo el tejido de autorizaciones, incluidas las medioambientales, bajo paraguas municipal, más laxo que el de la Junta- y después, con una segunda expansión que rebasa los límites de competencia municipal, «aunque con la granja ya hecha, los permisos de ampliación resultan más sencillos de superar, pese a que exigen intervención de la Administración andaluza», aclara Egea. Esta práctica se ha identificado en una de las explotaciones de Alhama de Granada, próxima a Santa Cruz del Comercio, que también se encuentra en el punto de mira de Ecologistas en Acción.

En Castilléjar, la batalla ecologista contra las ‘macrogranjas’ viene de lejos. De hecho, Ecologistas en Acción mantiene activo un recurso ante Fiscalía después de que dos denuncias suyas contra la explotación de Cefusa en el municipio fueran archivadas. Cefusa es suministradora cárnica de la multinacional murciana de alimentación El Pozo y desplegó en 2006 unas instalaciones que acogen a 100.000 lechones. La confederación denunció esta infraestructura por «la contaminación que genera en fuentes y pozos y porque para construir la granja se procedió a la tala de árboles en una zona protegida que daba cobijo a nidos de rapaces», detalla Egea.

Motivos

La oposición de Ecologistas en Acción a las explotaciones de ganadería industrial con estas características se apoya en varios pilares. Además de los malos olores que afectan a las poblaciones aledañas o la proliferación de insectos, la contaminación de las aguas que provocan es uno de los inconvenientes de mayor gravedad.

Los vertidos de purines perjudiciales sobre los acuíferos, pozos o ríos del entorno. También generan problemas las emisiones de amoniaco. Motivos que contrarrestan el «impacto económico limitado» que estas explotaciones aportan a las zonas rurales del noreste provincial, defiende Javier Egea desde EEA, agrupación que añade que «las personas que ya están viviendo del turismo rural en la zona se pueden ver obligadas a cerrar y marcharse, ya que los valores que venden se verán muy mermados por estas instalaciones que ya funcionan o están en proyecto en la zona norte de Granada, que se está convirtiendo en la pocilga de Europa».

El Gobierno de la Junta defiende «la riqueza» que aportan las granjas al entorno rural

Al Gobierno de la Junta de Andalucía le tocaba responder a mediados de marzo acerca de la cuestión de la ‘macrogranja’ de Dehesas de Guadix. En la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del Parlamento, la consejera Carmen Crespo pedía “no ser alarmistas” con la puesta en funcionamiento de la ‘macrogranja’. Añadía, además, que “cuando la explotación de cerdos de Dehesas de Guadix obtenga la autorización se vigilará que se cumple toda la normativa”, insistiendo en que “no se puede denostar la ganadería intensiva porque genera riqueza en el entorno rural”.