El alcalde reclama al gobierno igualdad de trato para salir de la crisis

• “El acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, supone la incautación de los superávits municipales y propone la exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanentes del reparto de los fondos provenientes de los PGE, perjudicando gravemente a los habitantes de muchos municipios y creando una inaceptable situación de agravio entre unos y otros”, señala Luis Salvador

El alcalde deGranada, Luis Salvador, ha reivindicado la importancia de “reconstruir puentes” dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que “el Gobierno central escuche la voz de municipalismo para que haya dinero suficiente para sacar delante de esta crisis a todos los ciudadanos, independientemente del municipio en el que estén censados, y para que los fondos se repartan con equidad e igualdad”.

Así lo ha manifestado Salvador tras el encuentro telemático que ha mantenido esta mañana junto a los alcaldes de Cádiz, Lleida, Madrid, Murcia, Pontevedra, Reus, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza para analizar las consecuencias económicas que tendrá sobre estos municipios la aplicación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, así como para estudiar las acciones que se pretenden adoptar conjuntamente para garantizar un reparto justo de los 5.000 millones de euros de fondos estatales anunciados esta misma semana y de los que a Granada le corresponderían unos 25 millones de euros.

En el encuentro, en el que han participado representantes de Ciudadanos, PP, Podemos, Coalición Canaria, PNV, ERC y PDeCAT, los alcaldes han suscrito un documento en el que se reivindica el papel fundamental que han desempeñado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su situación económico-financiera, y en el que se da traslado del rechazo del acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda al entender que “vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, supone la incautación de los superávits municipales y propone la exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado, perjudicando gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y creando una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros”.

“Demandamos que este Real Decreto no se convalide en el Congreso de los Diputados para que, en su lugar, pueda haber un acuerdo realmente bueno para todos los ayuntamientos y sus ciudadanos”, ha destacado Luis Salvador, quien ha avanzado que en la reunión se ha acordado sumar a más municipios españoles de más de 100.000 habitantes y solicitar una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para poder iniciar nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España.

Se trata, ha apostillado el alcalde de Granada, de replantear las ayudas estatales a los municipios, reducir las limitaciones financieras impuestas a los ayuntamientos eliminando la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos, para el año 2021, avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual y definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros.

En este sentido, el documento suscrito esta mañana por los alcaldes plantea igualmente reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus y que son “imprescindibles” para que los municipios puedan seguir prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan. Para ello, se reclama que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades, preservando los intereses de todos los ciudadanos independientemente de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos.