El PP pide al gobierno que habilite un espacio de acogida para inmigrantes en el Puerto de Motril

• El parlamentario andaluz del PP, Rafael Caracuel asegura que la Delegación de Salud está actuando con todas las garantías en este centro y muestra su sorpresa ante la incertidumbre creada por PSOE e IU

El PP de Granada ha defendido hoy la gestión que la Junta de Andalucía y más concretamente, de la Delegación de Salud en Granada, en el albergue de Víznar utilizado como centro de acogida de inmigrantes. Según ha detallado, Caracuel, el uso de este centro que se ha convertido en un auténtico espacio de “ayuda humanitaria” con todas las garantías, está siendo cuestionado por partidos de la izquierda y la extrema izquierda como son PSOE e IU “contra todo pronóstico”.

En concreto, el parlamentario ha hecho alusión a las “sorprendentes declaraciones del alcalde de Víznar, Joaquín Caballero (IU) quien ha manifestado ante los medios “la preocupación e incertidumbre que existe ante el traslado de inmigrantes al centro aludiendo al potencial problema de salud pública que podría conllevar”.

Para Caracuel, resulta cuanto menos insólito que un partido que representa a la extrema izquierda de este país cuestione la necesidad de acoger a estas personas en “medio de esta emergencia humanitaria”.

En la misma línea, ha criticado que el PSOE del municipio también haya generado dudas e incertidumbre sobre todo, teniendo en cuenta que fue este partido el que transformó este espacio en centro de acogimiento de Menores extranjeros no acompañados (MENAS) tras el desmantelamiento de los albergues llevado a cabo en 2016.

“Es sorprendente que, dos partidos que se promocionan como los defensores únicos de los derechos de los más vulnerables pongan ahora el foco y generen incertidumbre en un centro donde se están siguiendo todos los protocolos sanitarios indicados por la Secretaría de Estado de Migraciones por el Gobierno central al que ellos representan” ha detallado.

Asimismo, Caracuel ha criticado por un lado “la hipocresía de la izquierda y de la extrema izquierda en el municipio que, en lugar de exigir medidas y soluciones a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para la mejora del protocolo de acogida de inmigrantes “se dedican a enredar y generar miedo para sacar rédito político en el municipio y en la provincia”.

Por último, ha reiterado la reciente petición de la Junta de Andalucía que ha solicitado al Gobierno central que habilite un espacio de acogida con la UME en el Puerto de Motril para estas personas. “De esta forma se evitarían desplazamientos y recibirían la atención allí mismo pudiendo incluso, pasar la cuarentena en dichas instalaciones”.

Sin embargo, tal y como ha apuntado el parlamentario, el Gobierno todavía no ha dado respuesta a esta petición de la administración autonómica. “Mucho nos tememos que PSOE y Podemos están dejando muchos cabos sueltos a propósito para llevarnos a la confrontación” ha detallado Caracuel quien considera imprescindible establecer protocolos claros para que la acogida evitando polémicas estériles en un momento en que “la ciudadanía nos reclama que trabajemos juntos para superar la difícil situación a la que nos estamos enfrentando”.

“Es inaceptable que Pedro Sánchez, nada más llegar al Gobierno vendiera a bombo y platillo la recepción del barco Aquarius para ahora, tan solo dos años después, ignorar sus obligaciones con las personas que llegan en patera a nuestras costas, ha dicho añadido el parlamentario quien ha puesto el acento sobre la nefasta gestión continua de la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro quien, en varias ocasiones “no ha tenido problema en abandonar a estas personas en las calles de Granada esperando que otra administración aportara soluciones”.

Por su parte, el portavoz del PP de Víznar, Antonio Salvador, ha presentado un ruego de cara al próximo pleno en el municipio para exigir al alcalde (IU) y al grupo municipal del PSOE “que abandone la confrontación para sacar rédito político en la localidad” y asuma sus responsabilidades que no son más que exigir al Gobierno central y más concretamente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ponga soluciones sobre la mesa.