Ustea denuncia en la Fiscalía «ratios ilegales» en las aulas ante el inicio de curso
El sindicato Ustea ha presentado este lunes un escrito ante la Fiscalía en el que pide que se investiguen las «ratios ilegales» en aulas de una docena de centros educativos de Granada, alegando que esta «masificación de grupos por encima de la norma» supone además «un riesgo añadido para la salud» ante la actual situación de pandemia.
Ustea mantiene que esta «masificación en las aulas» impide mantener las distancias interpersonales recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio de coronavirus, lo que podría ser constitutivo de un delito contra la salud pública y entiende que hasta que no se cumpla este extremo no se dan las condiciones de seguridad para el inicio de curso.
Así lo ha expuesto en declaraciones a los periodistas a las puertas de la sede de la Fiscalía el delegado sindical de Ustea en Granada Javier Valdés, quien ha precisado que esta situación se extiende al conjunto de Andalucía y por ello en los próximos días el sindicato presentará escritos en el resto de las provincias para pedir que se investigue la actuación de la Consejería de Educación en la planificación del nuevo curso.
Valdés ha hecho hincapié en que las aulas andaluzas «están masificadas ilegalmente», «lo estaban antes y en momento de pandemia lo siguen estando», según ha dicho, matizando que los 4.500 docentes nuevos «no van destinados a desdoblar las aulas» sino a hacer labores de refuerzo.
El sindicato reclama que se bajen las ratios y, que de no hacerse, «se investigue al responsable de esta tropelía para que asuma las consecuencias penales que pudiera conllevar», en tanto que, según ha recalcado, también «se está obligando a personal de riesgo a acudir a aulas masificadas».
En el escrito, consultado por Europa Press, se alude como ejemplo a una docena de colegios e institutos de Granada en los que supuestamente hay unidades con ratios ilegales que oscilan entre los 26 y los 38 alumnos, si bien el sindicato asegura que son muchos más los afectados.
Recuerda Ustea que en Primaria la ley establece un máximo de 25 alumnos y en Secundaria 30, y dado que no se da «ninguno de los motivos que justifican la excepcionalidad de aumentar un 10 por ciento la ratio legal por unidad», mantiene que las unidades concedidas en el mes de junio para el curso que se inicia este septiembre han sido «planificadas claramente con ratios ilegales».
En el escrito dirigido a la Fiscalía se recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene la declaración de pandemia respecto al Covid-19 y que la actual situación en las aulas dificulta e incluso impide mantener las distancias mínimas marcadas por las autoridades sanitarias para evitar los contagios, por lo que se reclama que se investigue todo este asunto.