Maestros y profesores con discapacidad auditiva sufren discriminación y exclusión en su puesto de trabajo en la ‘vuelta al cole

• La Ciudad Accesible elabora de manera altruista un ‘Informe de inclusión educativa para los docentes sordos ante la situación de la COVID-19’ que ha entregado a las autoridades competentes

El activista e investigador social Antonio Tejada y La Ciudad Accesible redactan y coordinan el ‘Informe de inclusión educativa para los docentes sordos de Andalucía ante la situación de la COVID-19’ que consta de 37 páginas y que ya tienen las autoridades competentes, así como sindicatos, asociaciones y otras instituciones de interés para resolver este conflicto que afecta no solo a los maestros y profesores sordos, sino también a la totalidad de sus alumnos y compañeros de trabajo de los centros educativos, al alumnado con discapacidad auditiva, así como a los propios padres y madres de alumnos sordos, o madres y padres que puedan también tener certificada una discapacidad auditiva.

En total son 35 los docentes sordos que aparecen y participan en este informe que suscriben y avalan, habiéndose celebrado para su desarrollo tres encuentros de trabajo en la sede de La Ciudad Accesible y una semana de elaboración posterior de cuestionarios con las partes implicadas, para contribuir de esta manera propositiva y realista a la resolución de los conflictos laborales y de Derechos Humanos surgidos a raíz de esta problemática que no solo afecta a docentes con discapacidad auditiva de Andalucía, sino de todo el país, ya que los problemas y barreras detectadas son las mismas e idénticas las necesidades, así como las posibles soluciones a estas carencias de accesibilidad para desempeñar su trabajo con calidad y normalidad.

Como queda palpable tras la realización de este informe, la comunidad educativa de docentes sordos está preocupada desde hace muchos años por las grandes barreras que se encuentran para desarrollar su trabajo con totales garantías y en igualdad de condiciones. En la actualidad, con la presencia de la COVID-19, las dificultades son mayores ya que el uso obligatorio de la mascarilla impide la lectura labial a todos los docentes que necesitan apoyarse en este recurso para comunicarse con el resto de profesores y con sus alumnos. Además de la figura del Intérprete de Lengua de Signos (ILSE), el uso de la mascarilla transparente -aún no homologada- se convierte en una medida de accesibilidad que necesitan estos docentes sordos para garantizar un correcto seguimiento de las clases y una comunicación fluida con sus alumnos.

Es por ello que el informe deja claro que se necesitan muchos más recursos y medidas de adaptación del puesto de trabajo y la homologación de mascarillas transparentes para que se puedan llevar a cabo las clases con total y plena normalidad. En palabras de Antonio Tejada, “la comunidad sorda presenta una serie de dificultades en su día a día para comunicarse con el resto de personas. Independientemente del menor o mayor grado de pérdida auditiva, las necesidades de este colectivo se cubren mediante recursos como el uso audífonos, implante coclear, equipo FM, bucle magnético, subtítulos, lectura fácil, lectura labial, la presencia de Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), así como otras medidas de menor calado como son algunos de recursos de la accesibilidad cognitiva, etc.

“Dejar a los docentes sordos atrás en esta crisis que ya también es educativa, es dejar a su alumnado también atrás, y eso una sociedad civilizada no se lo puede permitir”, aclara Tejada, el cual también manifiesta que “se debe trabajar desde las autoridades competentes de Educación, por una escuela pública, privada y concertada en España de todos y para todos, que no excluya a sus alumnos ni tampoco a sus docentes”. Además, señala que “importante también es indicar que estas reivindicaciones no son capricho del colectivo de personas con discapacidad, sino que todo lo que se propone en este informe son medidas que están amparadas ampliamente por la normativa vigente y tienen marco jurídico”.

Por ello y ante la no respuesta todavía por parte de las autoridades competentes a este informe que en el caso andaluz es la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía que dirige Javier Imbroda, “solicitamos que se resuelva la situación discriminatoria y excluyente existente, de manera urgente porque ya estamos en octubre, y que se pongan manos a la obra para solucionar los problemas detectados por la falta de accesibilidad universal, ya que esta carencia se verá reflejada entre otras muchas cuestiones, en una calidad inferior de la educación que reciben nuestros hijos, una posible frustración en el profesorado sordo, un mal ejemplo para la integración o inclusión sociolaboral de estas personas, etc.”.

El informe está metido por registro de entrada en la Consejería de Educación, y también se ha hecho llegar al Consejo Escolar de Andalucía, al Defensor del Pueblo Andaluz, al Defensor del Pueblo a nivel nacional, a presidencia de la Junta, a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía (PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox), al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como al propio Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más conocido como CERMI, su homólogo en Andalucía –CERMI Andalucía-, a la Unión Andaluza de Entidades de Personas Sordas (UNASORD) y a la Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia (Asogra).

También se ha enviado a la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA), a la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (CONFEDAMPA) y a la Federación Provincial Granadina de Asociaciones de de Padres y Madres (FAMPA) por lo que supone esta realidad a la que se tienen que enfrentar la comunidad educativa con discapacidad auditiva en la actualidad, a consecuencia de no abordar con la suficiente antelación las adaptaciones necesarias que se debían haber implementado meses atrás, ya que se preveían las barreras que se podían ocasionar, principalmente las relacionadas con la comunicación y las personas sordas.

Esta problemática afecta a miles de familias ya que no sólo están implicados docentes sino también sus alumnos, los cuales se verán afectados por la calidad de la enseñanza recibida y de las consecuencias que puede tener si no se adaptan correctamente los puestos de trabajo de los docentes sordos de manera urgente, principalmente para garantizar que los alumnos reciban correctamente los contenidos de sus currículas formativas y no se vean afectados por una falta de accesibilidad gravísima en el entorno laboral y en los propios centros educativos. De hecho, también se le va a enviar a la Fiscalía General del Estado a través del Fiscal de Sala de la Coordinadora de las Personas con Discapacidad y Mayores en Situación de Vulnerabilidad que vela por la protección de los derechos de las personas con discapacidad al ser un sector social muy expuesto a discriminaciones y vulneraciones.

Por último, es importante trabajar sobre el concepto de ‘Cadena de la Inclusión Educativa’ acuñado por La Ciudad Accesible ya que debe ser un reto para no dejar a nadie atrás por parte de las autoridades educativas competentes –y menos cuando estas situaciones de discriminación o exclusión, sean a consecuencia de una discapacidad determinada, una necesidad educativa especial, etc.-. Para ello, se han analizado los problemas de accesibilidad auditiva en los centros educativos y también los problemas para este colectivo en el teletrabajo, así como las pautas y actuaciones que se deben seguir para lograr una adecuada adaptación y que se garantice la educación inclusiva. También los sindicatos CSIF, UGT, CCOO, ANPE y FSIE tienen una copia del informe.