La izquierda tiene que clarificar su posición sobre la cuestión catalana

La cuestión nacional, en las distintas épocas, sirve intereses distintos, toma matices distintos, en función de la clase que la plantea y del momento en que la plantea. (Marx)

Respecto de la cuestión catalana hay dos posiciones nítidas: la del españolismo de la derecha y la del independentismo catalán. En cambio las posiciones de izquierda son mucho más ambiguas. Tanto el PSOE como el PCE defendieron en los años setenta el derecho a la autodeterminación, pero lo hicieron en el contexto de la lucha por la democratización del país y la ruptura con la noción centralista y uniformista de España que tenia el franquismo. Cuando llegó el momento de elaborar la Constitución de 1978 ambos partidos rechazaron la propuesta de Letamendia de reconocer el derecho de autodeterminación en la Constitución concretando dicho derecho a través de la demanda de una articulación de España en nacionalidades y regiones regidas por sus estatutos de autonomía. Ambas formaciones defienden una solución federalista para España reconociendo la realidad plurinacional de nuestro país, pero afirmando a la vez la unidad del sujeto de la soberanía que es el pueblo español y a la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos españoles, posiciones que no se pueden abandonar alegremente en manos de la derecha . Esta posición combina la referencia histórica a España como monarquía de agregación y como Estado compuesto con el reconocimiento como hecho incontrovertible del impulso unificador que el estado liberal desarrolló en el siglo XIX en la estela del uniformismo borbónico del XVIII y que, exceptuando el breve paréntesis de la Primera República, ha dominado en los últimos tres siglos de nuestra historia.

No conviene olvidar que la Segunda República fue un estado unitario (“Estado integral compatible con la autonomía de Municipios y Regiones” se denominaba oficialmente en la Constitución de 1931)que logró reconducir la proclamación de la República catalana en 1931 mediante la promesa de un estatuto de autonomía que se aprobó en 1932 y la recuperación de la Generalitat como denominación del gobierno catalán que había sido abolido por los decretos de Nueva Planta de 1716y que tuvo también que reprimir el intento de Companys de establecer una República Catalana en el seno de la “República Federal Española” en octubre de 1934, en el marco de las revueltas contra la entrada de la CEDA en el gobierno republicano y los conflictos de competencias que surgieron entre el gobierno central y el catalán en relación con la Ley de Contratos de cultivos que pretendía facilitar el acceso a la propiedad de los rabasaires, una de las bases del poder del partido gobernante en Cataluña, la ERC.

En los debates de la Constitución de 1978 respecto a la relación entre el estado central y las nacionalidades y regiones se dio tanto la afirmación de Peces Barba que consideraba que “la existencia de España como nación no excluye la existencia de naciones en el interior (…) de la nación de naciones que es España”, como la idea de Miquel Roca que afirmaba que “España es un Estado plurinacional y por tanto estas nacionalidades que integran España tienen una soberanía originaria y que en la cesión de parte de su soberanía se define la soberanía del Estado”.Tenemos pues en este tema tres posiciones: la derecha que defendía la unicidad de la nación española y una mera descentralización del Estado a través de la autonomía de las regiones; la posición de la izquierda no nacionalista que defendía que España era una nación pero que estaba compuesta de naciones en la tradición de los Austrias que retomó Herrero de Miñón; por último la posición de los nacionalistas que partían de la soberanía de las nacionalidades integradas en España y que mediante la cesión de la soberanía definían la soberanía del estado en clara defensa de la confederalidad más que de la federalidad defendida por la izquierda.

La tradición marxista ha tenido siempre una concepción histórica de la nación y del nacionalismo según las épocas y las clases que lo defienden, y ha definido la nación en el capitalismo por su capacidad de desarrollar una economía eficiente y un mercado unificado como condición previa de un paso hacia el socialismo. La posición marxiana y marxista en general respecto del nacionalismo se ha basado en su posible contribución al desarrollo del socialismo, y por ello es clave el carácter de la clase que impulsa el movimiento nacionalista y su relación con el desarrollo de las fuerzas productivas.

Veamos brevemente la evolución del independentismo catalán a lo largo de la historia. En 1640 se trató de un movimiento campesino en demanda de mejoras laborales que fue convertido hábilmente por los dirigentes barceloneses en un movimiento separatista catalán. En 1705-1714 se trataba más bien de un movimiento de una clase media naciente que pretendía intervenir en el futuro de España promoviendo la tradición federalista de los Austrias y liberándose de la decadencia castellana. En esta lucha se articulaba el particularismo y la defensa delos privilegios históricos con un intento de regenerar el conjunto de la nación española. La dimensión española del núcleo doctrinal del catalanismo es patente también a lo largo del siglo XIX. Prat de la Riba decía en 1894 en su Compendi de la doctrina catalanista que había que armonizar las justas reivindicaciones catalanas con “la unidad política de España” y eso se podía conseguir mediante “la organización regionalista, que consiste en la unión federativas de las antiguas nacionalidades españolas”.

Para Pierre Vilar la exasperación del sentimiento de grupo delos catalanes no depende tanto del recuerdo delas instituciones históricas como de la articulación en cada situación histórica concreta de las necesidades y las ambiciones de los grupos catalanes capaces de expresarse y las decepciones que les inspira la política española en su conjunto. Por ello es en épocas de crisis del proyecto global de España cuando se plantea con más virulencia el desafío separatista.

El impulso secesionista ha sido utilizado siempre por las clases dominantes catalanas como medio de presión sobre el estado central para conseguir ventajas relativas pero sin apoyar sinceramente la independencia ya que comparten con las clases oligárquicas del resto de España sus intereses de clase y además precisan de las fuerzas del Estado central para poder controlar a sus propias clases populares, los campesinos en los siglos XVII y XVIII y los obreros en los signos XIX , XX y XXI. Como nos recuerda Vázquez Montalbán en su monumental obra Barcelona,han sido las clases populares en 1640, 1714 y 1936 las que han servido de carne de cañón para reforzar la postura de la clase dirigente catalana que lo que buscaba siempre era reformular el pacto con el centralismo en términos más favorables para sus intereses. Y podríamos decir que en el pulso de 2017 sucedió lo mismo , generando un sentimiento de confusión y frustración en aquellos que se tomaron en serio la proclamación, una vez más, del Estado catalán sin darse cuenta de que era una simple finta negociadora con el gobierno central, como los propios dirigentes catalanes reconocieron en el juicio que se desarrolló contra ellos, obviando, por cierto, los efectos performativos de sus actos y presentando como una mera defensa de una opinión lo que en realidad fue un acto insurreccional contra la legalidad vigente en España y en Cataluña por el modo, el lugar y los protagonistas de dicha declaración de independencia.

La izquierda, especialmente los Comunes, confluencia de Podemos, Iniciativa per Catalunya y otras formaciones menores, mantienen una posición ambigua que si bien a corto plazo puede ser rentable en términos electorales a la larga lo que hace es difuminar el problema y retardar la solución. Se mantiene una posición oficial no independentista, incluso se dice que en un hipotético referéndum de autodeterminación los Comunes votarían por la permanencia de Cataluña en el seno del Estado español pero en la práctica se produce una alineamiento casi total con las posiciones independentistas: ya que se defiende el derecho de autodeterminación y la realización de un referéndum de independencia; se minimiza el alcance de la declaración unilateral de independencia de 2107, planteándola como una simple cuestión de libertad de expresión; se considera que los políticos condenados por esos actos insurreccionales son presos políticos; se secunda todas las iniciativas independentistas contra la Corona,etc. Estas coincidencias hacen que solo los muy convencidos con la posición de los Comunes sean capaces de distinguirlos de los partidos independentistas. Todas estas posiciones se basan en no reconocer la unidad del sujeto jurídico de la soberanía que es el pueblo español en su conjunto y no las diferentes nacionalidades y regiones. Precisamente aceptar la celebraciónde un referéndum supone aceptar la premisa principal de los independentistas : que Cataluña es un sujeto político autónomo que es precisamente lo que habría que decidir a través del propio referéndum. Y en este reconocimiento de Cataluña como nación soberana tendría que participar el resto delos españoles ya que esta declaración les afecta directamente en tanto que todos son ciudadanos del actual Estado español. La izquierda no puede asumir la insurrección puesta en marcha por los independentistas porque se basa en un vicio inicial sobre el sujeto dela soberanía y el procedimiento para reconocerla. Habría que partir de la situación actual de vigencia dela constitución de 1978 y buscar consensos amplios para cambiarla en su sentido federal, no confederal como pretenden los independentistas y la mayor parte de los Comunes. La izquierda no puede apoyar un proceso unilateral , minoritario además incluso en Cataluña ,que pretende imponer a los catalanes no independentistas y al resto dela ciudadanía española una secesión unilateral. Pero aparte del déficit democrático del Procés, vía unilateral e insurreccional por pacífica que sea, desde el punto de vista de la izquierda habría que atender al carácter de la clase de este proceso político que es hegemonizado por una derecha más neoliberal y corrupta aún si cabe que la del PP. La izquierda no puede obviar el carácter de la clase del independentismo catalán que conjuga la tradición particularista carlista con sus componentes reaccionarios con la rebelión de los ricos relativos contra los más pobres y que en época de crisis quiere liberarse de lo que consideran las cargas de mantener al resto de una España que ellos consideran ineficaz a nivel político e incompetente a nivel económico. Con esta actuación se asemejan a las posiciones del Bloc Obrer y Camperol (BOC) que en las Tesis sobre la cuestión catalana de marzo de 1932 afirmaba: “aceptamos e impulsamos el separatismo como factor de descomposición del Estado español, si bien como comunistas no somos separatistas en el sentido burgués nacionalista”.

Como conclusión la izquierda tiene que romper con su ambigüedad respecto al derecho se autodeterminación y sus consecuencias prácticas , ya que, como decía Solé Tura hace ya muchos años, no tiene sentido rechazar las consecuencias de la aplicación de dicho derecho y defender su vigencia, y además la izquierda no puede ser ambigua en estos temas porque , al contrario de los partidos nacionalistas, tiene la responsabilidad de organizar la estructuración del Estado español en su conjunto. Por todo lo anterior la izquierda, especialmente los Comunes tiene que abandonar toda ambigüedad respecto a la autodeterminación de Cataluña y el resto de pueblos del Estado español; tiene que reconocer la situación de hecho de la Constitución y la actual correlación de fuerzas para luchar por transformar dicha Constitución en un sentido federal e incluso republicano mediante métodos democráticos consensuados sustentados por una mayoría amplia, ya que esta es la única forma de que dichos cambios se mantengan en el tiempo y no sean el fruto de una mayoría coyuntural exigua que puedan ser revertidos en las siguiente elecciones ; tiene que establecer un diálogo con el independentismo en el que quede claro que sus pretensiones de independencia son injustas y además imposibles, pero en el que se puede desarrollar el autogobierno, racionalizar la financiación, aumentar las competencias, transformar el Senado en una cámara federal y plantear no la amnistía pero si unos indultos a cambio del abandono de la vía unilateral e insurreccional por parte de los independentistas.

En resumen, para la izquierda la cuestión sería evolucionar hacia un sistema federal, a ser posible republicano, mediante procedimientos democráticos y basados en mayorías amplias y no tratar de debilitar o de destruir el actual Estado. En las actuales circunstancias internacionales las naciones pequeñas son difícilmente viables y solo Estados poderosos pueden defender los intereses de los ciudadanos en la escena internacional. Los intereses de las clases populares catalanes están más defendidos en el seno de un Estado español federal fuerte y democrático que lo estarían en una república catalana hegemonizada por la derecha neoliberal.