Los sindicatos protestan por la pérdida de derechos de los trabajadores de la sanidad pública andaluza

• Este jueves, 12 de noviembre se ha celebrado una concentración de protesta en la entrada del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano, para pedir la derogación de la Orden de 9 de noviembre que ha venido a cercenar los derechos de miles de profesionales de la Sanidad Pública en Andalucía

Las movilizaciones continuarán todos los martes y jueves en Centros Hospitalarios y de Atención Primaria de la provincia de Granada, hasta que no se produzca la derogación de dicha Orden publicada el pasado domingo 9 de noviembre.

Para CCOO “especial gravedad tienen otras medidas contempladas como la movilidad forzosa de tipo geográfico, es decir, a otros centros dentro de la localidad habitual de trabajo o situados en otras localidades, y la movilidad forzosa funcional que supone el cambio obligatorio en el ejercicio de las funciones habituales teniendo que desempeñar, sin ostentar la titulación habilitante, otras funciones diferentes, con el consiguiente riesgo para la salud de los pacientes, el estrés para quien es sometido a ese cambio de funciones y el riesgo jurídico de los/las profesionales ante previsibles demandas por mala praxis durante el ejercicio de funciones para las que no se tiene la titulación habilitante”, añade Alonso (CCOO).

No solo eso sino que además “se quebrantan gravemente” los derechos laborales del personal del SAS, incluido el personal en formación sanitaria especializada, con otras medidas como la suspensión de vacaciones, permisos y licencias, de las reducciones de jornada por motivos de conciliación u otros, de las exenciones de guardias por edad, así como de los descansos mínimos diario y semanal, “pudiéndose modificar discrecionalmente” por las direcciones gerencias la jornada máxima y la duración de los turnos de trabajo.

Y es que, termina el dirigente sindical, “los profesionales tienen que cuidar a la ciudadanía, pero también tienen derecho a velar por su salud y cuidar de los suyos”. Por todo ello, las organizaciones sindicales se movilizarán todos los martes y jueves en centros hospitalarios y de Atención Primaria de toda Andalucía hasta que no se produzca la derogación de dicha orden publicada el pasado domingo 9 de noviembre. Este jueves 12 de noviembre será la primera concentración en centros de Atención Primaria, denunciando además la saturación que presentan y la necesidad de un plan de reactivación que evite el colapso en el que se encuentra.

Desde la Secretaría de Sanidad de la Federación de Empleados/as de los Servicios Públicos (FeSP), de UGT Granada, se exige la derogación de dicha Orden, que solo recoge muchos “NOES”: no al descanso, no a la conciliación, no a realizar solo mis funciones, no a mi estabilidad en el puesto, no al cuidado de mi familia, no a mi conciliación….); y un solo “SI”: si a enchufar a dedo a los “amiguitos” del Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Se ha pasado, dicen desde el Sindicato, de los aplausos y los monumentos, a que los profesionales no tengan derecho a cuidar de sus familiares, de no poder descansar entre turno y turno, de tener que depender del capricho de un Gerente para poder disfrutar de sus días de vacaciones, de tener que hacer funciones que no son propias de su profesión, de poder ser destinados dónde y cuándo quieran ellos, además de contar con poder para contratar a dedo a quienes deseen.

UGT no quiere ser cómplice de una Orden que solo pretende tapar la incompetencia y la incapacidad de gestión de esta Administración. Así, el Sindicato condena la falta de sensibilidad de la Consejería de Salud hacia un colectivo que lleva ocho meses trabajando al 200%, dándolo todo mientras se dejan la piel en su puesto y se juegan la salud, la vida y la de sus familiares, para recibir ahora un tratamiento indigno y un auténtico desprecio por parte de los dirigentes políticos en el Gobierno de la Junta de Andalucía. No hay que olvidar que los profesionales tienen que cuidar a la ciudadanía, pero también tienen derecho a velar por su salud y cuidar de los suyos.

Y todo ello, apuntan desde UGT, con la excusa de una pandemia que necesita de buenos gestores, trabajadores y expertos en este terreno y no de unos gestores que no conocen otra cosa que el “ordeno y mando”. Esta forma de actuar impuesta es una acción deplorable que encubre un procedimiento con mala fe en contra de los derechos consolidados de los trabajadores y trabajadoras, por lo que desde UGT y el resto de sindicatos de la Sanidad Pública se emprenderán las medidas legales oportunas para que se queden sin efecto esta sarta de insultos que, en forma de orden, están recibiendo los que hace poco eran los héroes, y que la Consejería de Salud ahora quiere convertirlos en esclavos.

La responsable de sanidad de CSIF en Granada, Matilde Núñez, subraya que el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, y el propio gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, han admitido ya su error por unas medidas que no han sido negociadas con los sindicatos y que lesionan claramente los derechos de este colectivo. De hecho, el consejero reconoció ayer durante una reunión informal con miembros de CSIF en Almería que la citada orden no había respetado los tiempos establecidos que requerían la negociación y el diálogo con los sindicatos, fundamentalmente en todo lo que afecta a los derechos y garantías laborales de las plantillas de profesionales de la sanidad pública. Además, el propio gerente del SAS, en declaraciones a Canal Sur Televisión, ha reconocido que la publicación de la orden debió haberse retrasado para buscar el consenso con los sindicatos y se ha mostrado abierto a modificaciones y correcciones en la misma.
En este sentido, Matilde Núñez ha advertido que “volveremos a concentrarnos tanto en Atención Primaria como en los hospitales si la Administración no pasa de las palabras a los hechos porque nuestros profesionales ya están cansados y exhaustos y hemos pasado de los aplausos al atropello por parte de la Consejería de Salud”. Por ello “exigimos que se retire ya la orden y se abra un proceso de diálogo con las fuerzas sindicales de la Mesa Sectorial, que es lo que se tenía que haber hecho desde un principio”, añade.
La orden impuesta por la Junta suprime todos los permisos, licencias y vacaciones, y establece que se pueda disponer, a discreción, de los turnos y de la movilidad de los profesionales, algo que el sindicato rechaza de plano.