La lucha contra la despoblación irrumpe entre las promesas de los partidos de cara al ’28A’

• Las principales formaciones que aspiran a componer el Legislativo después de las generales del 28 de abril coinciden en la necesidad de impulsar la industrialización del entorno rural y en el aumento de los servicios básicos en pueblos con menos de 5.000 habitantes

El clima creciente de reivindicación y protesta que ha nacido en torno a la revuelta de la ‘España vaciada’, cuyo culmen se alcanzó en la masiva manifestación madrileña del pasado 31 de marzo, no pasa desapercibido dentro del lenguaje programático de los partidos contendientes a las elecciones generales del próximo 28 de abril.

El fenómeno de la despoblación se ha situado en primera línea del debate social a raíz del movimiento impulsado por las plataformas ‘Teruel existe’ y ‘Soria ya’, dos de las zonas más afectadas por este fenómeno. La Federación Española de Municipios y Provincias sitúa también a la provincia de Granada entre las afectadas por la pérdida de habitantes, con la zona noreste y la Alpujarra entre las áreas afligidas: ausencia de infraestructuras, escasas oportunidades de desarrollo económico y falta de servicios básicos son los elementos comunes que perjudican a las comarcas de la ‘España vaciada’.

Los principales partidos que aspiran a copar los escaños del Congreso de los Diputados y del Senado tras las elecciones del 28 de abril reflejan en sus programas y promesas de campaña el auge del debate acerca de la despoblación.

El reto demográfico

Las dos principales fuerzas políticas, PSOE y PP, coinciden en sus programas a la hora de identificar el término ‘reto demográfico’ en su listado de medidas para el medio rural y las zonas potencialmente en riesgo de envejecimiento y despoblación.

Los socialistas lo describen en su programa de la siguiente forma: «El paradigma económico dominante ha favorecido el abandono del medio rural, concentrando en este una población menguante y crecientemente
envejecida, mientras en las áreas metropolitanas y urbanas y en el litoral se concentra un número cada vez mayor habitantes. Este proceso comporta efectos negativos, de carácter social, económico, ambiental (e incluso político)
en ambas Españas, la que se vacía y la que tiende a la saturación».

Mientras que los populares radiografían así el ‘reto demográfico’: «Uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta nuestro país es el Reto Demográfico, originado por el descenso de la natalidad –1,3 hijos por mujer– junto al incremento de la esperanza de vida y el progresivo envejecimiento de la población. En el ámbito rural la situación demográfica es de emergencia. Un país o una región despoblada y envejecida es menos dinámica y menos competitiva. Esta pirámide demográfica hace inviable, en su actual configuración, a nuestro Estado de Bienestar. Es necesario que todas las Administraciones se impliquen en apoyar a las familias y la natalidad, para favorecer que la decisión de tener hijos no se convierta en un camino de obstáculos».

En el capítulo de medidas concretas, los socialistas dibujan un plan de cobertura y digitalización del entorno rural «para acelerar su conectividad». Prometen «antes del 1 de enero de 2020, el acceso a Internet de más de 30 Mbps al 95% de los ciudadanos y ciudadanas de municipios de menos de 5000 habitantes». También el refuerzo de servicios públicos e incluso el aumento de efectivos del medio rural en el Ejército, Correos o la Guardia Civil: «Cuyo número ha decrecido drásticamente durante los últimos años, generando una creciente inseguridad».

Completan sus planteamientos con un mejor acceso a fondos europeos de desarrollo del empleo rural «con perspectiva de género», el impulso del teletrabajo y del sector primario vía PAC, la optimización de la formación a distancia, «potenciando la UNED como universidad de acceso universal, especialmente del medio rural» o la rehabilitación de viviendas.

El PP apuesta por el «arraigo» de la población hacia el medio rural. Apuestan por el empuje industrial del entorno despoblado a través del sector agroalimentario y sus exportaciones internacionales. Asimismo, prevén «la reforma de la Ley del Suelo para facilitar la implantación de industrias en suelo rústico». Ponen el foco sobre la política de gestión del agua: «Desde el Partido Popular proponemos un sistema del agua que tenga en cuenta la gestión integrada de los recursos hídricos, convencionales y no convencionales, y su uso eficiente y sostenible como pieza fundamental para la atención del déficit hídrico estructural que se produce en algunos territorios de España».

Coinciden con el PSOE en la necesidad de aumentar los efectivos de la Guardia Civil dentro del entorno rural, los planes de reforma de viviendas o la implementación de la agenda de digitalización del mismo. Añaden la potenciación del transporte público, incluido el «a demanda», para los entornos más remotos, o aumentar el protagonismo de las diputaciones provinciales como «indispensables» en la gestión de servicios públicos esenciales.

Brecha digital, transporte, vivienda o industrialización

Unidas Podemos dedica, asimismo, un bloque de su programa a la despoblación dentro del capítulo ‘Garantías de justicia territorial’, donde la formación morada hace mención expresa a la ‘España vaciada’: «Debe ir primero», argumentan, «mediante la aplicación de políticas de discriminación positiva». Entre ellas comparten estrategias de PSOE y PP relativas al panorama digital, refuerzo de servicios, transporte, sector industrial o vivienda.

Además, incorporan acciones de atractivo fiscal relativas al IBI: «Reducir a la mitad el Impuesto de Bienes Inmuebles de las poblaciones con menos de 5.000 habitantes»; también a la inversión: «500 millones anuales por parte del Estado para luchar contra la despoblación». Difieren del PP en el ámbito de las diputaciones. Unidas Podemos las considera «arcaicas» y propone reforzar el peso de las instituciones comarcales en la administración del entorno rural.

«Un compromiso del Estado para combatir la despoblación» es el título de uno de los ejes programáticos de Ciudadanos. Aglutinan políticas de rebaja fiscal en el IRPF de «un 60% a todas las personas que vivan en municipios en riesgo de despoblación».

Esbozan un plan de apoyo al emprendimiento rural: «Las mujeres y los jóvenes menores de 30 años que abran un negocio en municipios de menos de 5.000 habitantes tendrán una tarifa superreducida de 30 € durante 2 años, y los autónomos que sean padres o madres no pagarán cuotas durante los 3 años siguientes a la finalización de sus permisos por el nacimiento de un hijo», además de prometer «impuesto cero» en las explotaciones agrarias que cambien de manos vía sucesión o donación.

Dan fondo a sus proyectos de actuación con políticas de apoyo a la renovación de la flota pesquera, la catalogación de la caza y pesca fluvial como motores de desarrollo -donde coinciden con el PP, que defiende las licencias interautonómicas- o la revisión de la Ley de Montes con el objetivo de eliminar «trabas que actualmente presentan los montes demaniales o comunales, muchos paralizados y sin aprovechamiento por la inseguridad jurídica que generan las dificultades para identificar la propiedad».

Vox comparte líneas de acción genéricas en materia de acceso a las redes digitales, el transporte, las coberturas públicas o las infraestructuras. Bautizan la caza y las pesca como «actividades necesarias y tradicionales del mundo rural que requieren de licencias de extensión nacional».