El conflicto entre taxis y VTC se polariza también en los programas electorales de cara al ’28A’

• Se dibujan dos bloques, el de PSOE y Unidas Podemos favorable a las demandas que defiende el sector del taxi, y el de PP y Ciudadanos, que aboga por eliminar las políticas que traban el desarrollo de las VTC y «la libertad de elección del usuario»

La guerra abierta entre el sector del taxi y las VTC se ha disparado en las principales capitales españolas durante los últimos meses debido al incremento de licencias de vehículos de transporte asociados a plataformas digitales intermediarias como Uber o Cabify. Los taxistas reclaman el respeto de la ratio legalmente establecida de un coche VTC por cada 30 taxis, además del cumplimiento de la reglamentación del comportamiento comercial de estas compañías privadas: tiempos de precontratación, prohibición de la práctica de interceptación de clientes mientras deambulan por las calles o del uso de infraestructuras específicas para el servicio público.

Este contexto, según alegan los taxistas, se infringe, dando lugar a la «competencia desleal» que denuncian por parte de unas compañías VTC cuyos precios, además, están liberalizados y fluctúan en función de las decisiones privadas de las corporaciones que las gestionan, frente a las tarifas administrativamente reguladas de los taxis.

En la arena política, los dos principales ejes chocan frontalmente a la hora de delinear el modelo de regulación. De un lado Unidas Podemos y el PSOE se posicionan a favor de las exigencias del sector del taxi mientras que Ciudadanos y Partido Popular abogan claramente por la integración de las VTC y el fomento de la competencia entre este modelo de transporte y el taxi, alegando «libertad de elección».

El taxi ocupa una posición central en el programa de Unidas Podemos. La formación morada ha recogido prácticamente el conjunto de las demandas del servicio público. Proponen considerarlo «de interés general» y establecer uno de los principales requisitos del sector: la precontratación de dos horas del servicio VTC, medida que las compañías intermediarias como Uber o Cabify consideran que tumbaría sus posibilidades de crecimiento.

Para Unidas Podemos, «los gobiernos miraron hacia otro lado y han puesto en peligro a las familias del taxi ante la llegada de miles de VTC». Diseñan una hoja de ruta de cooperación entre Estado y comunidades autónomas que daría lugar a limitaciones de carácter espacial a los servicios de transporte con conductor (distancia mínima con el pasajero o estacionamiento en aeropuertos, estaciones y otras paradas autorizadas) y de geoposicionamiento (obligación de mostrar la posición a la Administración y prohibición de deambular sin pasajeros u hoja de ruta)». Prometen el cumplimiento de facto de la ratio 1/30.

Los términos taxi y VTC no aparecen en el programa electoral oficial del PSOE. Los socialistas eluden las menciones al conflicto y tampoco proponen, por tanto, vías concretas de regulación. Sin embargo, como ya iniciaron desde Fomento en la última Legislatura, su línea de acción pasa por derivar a las comunidades autónomas la responsabilidad administrativa, una de las peticiones de los taxistas en el conflicto.

El Partido Popular juega la carta política contraria. Su plan, recogido en el programa electoral, pasa literalmente por derogar el «Decreto Ábalos en los sectores del taxi y de los VTC». Afirman que así se garantizaría la «libertad de elección del usuario» y se incrementarían las oportunidades del taxi para «adaptarse a las nuevas formas de movilidad». Consideran fundamental esta estrategia para situar en el centro «la libertad de acción», lo que ubica su discurso en el mismo tono del de Uber o Cabify.

En términos prácticamente idénticos se mueven las propuestas programáticas de Ciudadanos. Los naranjas siguen la estela del PP y establecen la derogación del decreto del Gobierno de Sánchez, que consideran que va «contra las VTC». Añaden que se debe combatir «la absurda fragmentación del mercado, garantizando la seguridad jurídica y la competencia leal». Abogan por hacer el marco competencial de carácter estatal y no derivado a las regiones.

Ciudadanos considera necesaria la flexibilización de tarifas en precontratación y la modernización y renovación de la flota de taxis por modelos «más eficientes y menos contaminantes», en palabras textuales.