La Junta defiende su labor inspectora en viviendas públicas de la zona Norte frente a los cortes de luz
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha defendido este miércoles la labor que está desarrollando en el marco de sus competencias frente a los cortes de luz en la zona Norte de Granada, incidiendo en las inspecciones que de forma periódica se realizan en el millar de viviendas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para detectar cualquier situación irregular.
La consejera del ramo, Marifrán Carazo, se ha pronunciado de este modo en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Socialista en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz relativa a los cortes de luz en viviendas de titularidad de la Junta de Andalucía en la ciudad de Granada.
Carazo ha matizado que de las más de 5.000 viviendas sociales que hay en la zona Norte, AVRA solo es propietaria de un millar y «siempre» que se ha detectado una infracción se ha facilitado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la identificación del titular para que se actúe en consecuencia. De hecho, ha mantenido que las inspecciones son periódicas para detectar cualquier situación anómala.
Desde el Grupo Socialista se ha hecho hincapié en que estos cortes se prolongan durante «horas» y suponen «un grave problema» para los ciudadanos que, pese a pagar su recibo de la luz, los padecen; de modo que no pueden calentarse en sus casas, teletrabajar, abrir sus negocios o recibir tratamiento en el caso de enfermos crónicos que dependen de una máquina.
Carazo ha defendido que desde la Junta se trabaja de una forma «activa y coordinada» con el resto de las instituciones en la búsqueda de soluciones a estos apagones, tanto en la mesa de la zona Norte que coordina la Subdelegación del Gobierno en Granada, con la participación del resto de instituciones y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como en la comisión mixta creada desde el Gobierno andaluz.
En el marco de la misma la Junta encargó una auditoría externa para valorar la situación y, a tenor de los resultados, entre otras medidas instó mediante oficio a la Subdelegación del Gobierno a la puesta en marcha de un plan excepcional contra la defraudación de fluido eléctrico, que «solo puede ser investigado y perseguido por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», ha recalcado la consejera.
