La Junta pide al Estado igual financiación que los consorcios de Barcelona, Madrid y Valencia
- Sólo en 2020, la demanda de viajeros cayó un 60 por ciento y los primeros meses de este año tampoco atisban una recuperación del servicio a los niveles previos a la crisis sanitaria del Covid-19
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha solicitado al Gobierno central que aplique un reparto igualitario en las ayudas a los consorcios de transportes.
Marifrán Carazo ha formulado esta petición después de que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 hayan incluido subvenciones nominativas por valor de más de 320 millones de euros, de los que sólo se beneficiarán los consorcios metropolitanos de Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias.
«El Gobierno de España ha hecho dos ligas. La primera división recibe 19 euros por habitante para su servicio metropolitano de transportes, mientras que el resto de los consorcios, nada. Andalucía debería recibir 110 millones de euros» por el número de habitantes, ha manifestado la consejera, que ha pedido que se eviten agravios compartidos entre comunidades en un servicio que está sufriendo las consecuencias del Covid-19, con drásticas caídas en el número de viajeros.
Marifrán Carazo ha señalado que, debido a la situación que sigue atravesando el transporte público por la pandemia, había remitido hace unos días una carta al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para que mantuviera en 2021 el fondo de ayuda para el transporte regular de viajeros por carretera, que se ideó precisamente para paliar los efectos de las restricciones por el coronavirus.
Debido a que la emergencia sanitaria se prolongará durante 2021, ha considerado una necesidad que se mantengan estos fondos Covid-19. «Es una prioridad facilitar liquidez a este sector esencial para garantizar la prestación de los servicios públicos y mantener el empleo», ha recalcado, recordando que este sector cuenta con 10.000 puestos de trabajo en Andalucía.
La petición de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio viene sustentada por los datos de caída de viajeros en el transporte público. Sólo en 2020, la demanda cayó un 60 por ciento y los primeros meses de este año tampoco atisban una recuperación del servicio a los niveles previos a la crisis sanitaria del Covid-19. «La fragilidad económica a la que se enfrentan las empresas de autobuses de líneas regulares obliga a preservar la actividad para que, una vez superada la crisis, las empresas tengan liquidez y la capacidad para garantizar este servicio público», ha añadido.
