Diputación exige a la Junta que active las ayudas a los polígonos industriales tras 2 años de retraso

Diputación exige a la Junta que active las ayudas a los polígonos industriales tras 2 años de retraso

  • El Pleno de la institución debatirá una moción para reclamar al Gobierno autonómico que resuelva la convocatoria de subvenciones, de 2,2 millones de euros, que mantiene bloqueada, y que afecta a espacios industriales de 24 municipios

La diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, ha exigido hoy a la Junta de Andalucía que resuelva una convocatoria de subvenciones para la mejora de los polígonos industriales de la provincia de Granada “que tiene paralizada hace más de dos años”.

Muñoz ha comparecido ante los medios esta mañana junto a los alcaldes de Gójar, Joaquín Prieto; Padul, Manuel Villena; Atarfe, Pedro Martínez; Vegas del Genil, Leandro Martín; y Monachil, José Morales, para reclamar al Gobierno andaluz que active esa línea de subvenciones dirigida a los espacios industriales, cuya convocatoria se publicó hace dos años, y para anunciar que se ha presentado una moción, que plantea esa misma exigencia, para que sea debatida en el próximo pleno de la Diputación.

“No sólo pedimos que se acelere la concesión de esta subvención que supone una inyección de más de 2 millones de euros para Granada y una cuestión clave para el desarrollo de nuestra provincia, sino que queremos que la Junta nos aclare los motivos por lo que ha decidido paralizarlo”, ha anunciado.

En total el proyecto “Localiza In” prevé una inversión de 2.249.776,50 euros, de los que la Diputación aporta 371.863,88 euros, y que se destinarían a trabajos diversos de mejora de los polígonos, como obras de modernización, acondicionamiento de espacios y calles, dotación y de infraestructuras comunes y redes, instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, y saneado de zonas verdes y nueva señalización, entre otros.

Muñoz ha recordado que en 2017 la Junta de Andalucía impulsó el “Pacto Andaluz por la Industria” con el fin de situar a la industria como el motor del nuevo modelo de crecimiento de la economía andaluza, y que, en este contexto, publicó una orden de subvenciones mediante la cual las diputaciones provinciales de Andalucía podían obtener financiación para un programa de actuaciones conjuntas de dotación y modernización de espacios productivos y de innovación (los polígonos industriales).

La diputada ha explicado que la Diputación de Granada “hizo un esfuerzo para crear el programa y presentarse a la convocatoria, con proyectos que implicaban actuaciones en los polígonos industriales de 24 munipios (Albolote, Albuñol, Alfacar, Alhama de Granada, Atarfe, Bérchules, Cuevas del Campo, Fuente Vaqueros, Gójar, Huéscar, Láchar, La Zubia, Las Gabias, Loja, Monachil, Peligros, Pinos Puente, Padul, Salobreña, Dúrcal, Baza, Pulianas, Vegas del Genil y Santa Fe).

En este sentido, Ana Muñoz ha sostenido que estas ayudas “son una herramienta para dar respuesta las deficiencias de los espacios productivos de la provincia, y una buena manera de propiciar un desarrollo cohesionado, armónico y equilibrado territorialmente que posibilita fijar la población en municipios de zonas rurales que tiene dificultades asociadas al a despoblación”.

“Además, constituye una importante inversión pública para generar empleo en un contexto de crisis económica derivada de la pandemia, cuando tenemos un paro del 26%”, ha apuntado.

Apoyo de los municipios a la Diputación

Por su parte, el alcalde de Gójar ha expuesto que esta iniciativa venía a reforzar el tejido empresarial y productivo de los municipios “dotándolo de los medios suficientes para hacerlos atractivos de cara a la implantación de empresas”. “No estamos teniendo ningún tipo de ayuda de la Junta de Andalucía, ni para los gastos derivados de la pandemia, ni para la limpieza de colegios ni para medidas relacionadas con el empleo”, ha declarado.

Por último, Joaquín Prieto, que ha confirmado el apoyo de los municipios a esta iniciativa de la Diputación, ha subrayado la importancia de ayudas de este tipo para que los ayuntamientos “no tengan que tirar de sus presupuestos, con el perjuicio que eso puede suponer para los servicios que se prestan a los vecinos y vecinas”.

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