El exalcalde de Cogollos Vega defiende ante la Audiencia la legalidad de su actuación
- Pide el Ministerio Público, además de la pena de cárcel, multa de 3.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por seis años
El exalcalde de Cogollos Vega, Francisco José Luzón, juzgado desde este martes por supuestamente «beneficiar» a una empresa, en el marco de un plan urdido con otros tres acusados en esta misma causa «tendente a lucrarse ilícitamente» a costa del Ayuntamiento de este municipio, ha defendido ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial que su actuación se ajustó a la legalidad escrupulosamente.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del caso tras la primera sesión de este juicio, en que está previsto que este miércoles se proceda a la calificación definitiva de las partes. La pide cinco años y tres meses por estos hechos en sus conclusiones provisionales.
Luzón, de 62 años, ha aludido, según estas fuentes, en su declaración ante el tribunal, a una operación contra él por parte del secretario municipal, y ha mantenido que las obras que se juzgan se hicieron cumpliendo los requisitos legales, y sin ninguna objeción de tipo técnico.
Sin embargo, según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, el exregidor independiente, uno de sus ediles, y otros dos acusados que eran representantes de la empresa supuestamente beneficiada habrían actuado, «de común acuerdo, guiados por el ilícito ánimo de lucro».
El fiscal señala que el plan, «con grave prejuicio» para los contribuyentes de Cogollos Vega, habría consistido en la emisión de tres facturas a favor de la mercantil por, entre otros, «obras nunca ejecutadas en el municipio» pero que, «entre otros aspectos», no correspondían supuestamente con trabajos hechos en el pueblo.
«Al mismo tiempo los acusados emitieron los correspondientes albaranes de entrega y adquisición de material de las presuntas obras nunca ejecutadas en el municipio», agrega el Ministerio Público, que detalla que las facturas, relativas a efectos como sacos de cemento o portes, ascendieron a más de 15.000 euros, si bien «no llegaron a ser abonadas, pues el ardid fue descubierto».
Pide el Ministerio Público, además de la pena de cárcel, multa de 3.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por seis años.
