Huertas denuncia que el Gobierno exige un documento para el IMV que «los trabajadores sociales no pueden firmar»

• En sus palabras “al sobre esfuerzo y extraordinaria labor realizada por estos empleados municipales desde que estallara la pandemia -sin que el ejecutivo haya dotado a los ayuntamientos de mas recursos humanos-, se suma ahora esta obligación imposible de cumplir legalmente que además, pone al colectivo en una tesitura moral difícil para con las familias más vulnerables”

El concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas, ha hecho esta mañana un llamamiento al Gobierno de España para que “recapacite y rectifique a la mayor brevedad el grave error de exigir como requisito a los potenciales perceptores de IMV un certificado firmado por los trabajadores sociales que tramitan dichos expedientes y que dichos empleados municipales no pueden atender por no estar habilitados para ello”.

José Antonio Huertas ha explicado que “esta nueva exigencia, -que es ya la cuarta modificación en nueve meses de aquel decreto inicial de IMV-; viene sólo a entorpecer y a hacer más difícil aún la tramitación de una ayuda necesaria para paliar los efectos de la crisis en los más vulnerables”.

“No les están pidiendo una declaración responsable, sino un certificado que no pueden dar porque no es su competencia hacerlo –sólo certifican los secretarios generales de los ayuntamientos-; y además, caso de poder hacerlo, estarían avalando realidades que es imposible que puedan garantizar sin los datos pertinentes”, ha afirmado. Es el cas del domicilio real del solicitante cuando este no vive en el inmueble que figura en el padrón; o la garantía de inexistencia de vínculos o lazos de parentesco entre solicitantes convivientes en el mismo domicilio.

El edil ha asegurado que “dada la avalancha de peticiones que aún se siguen recibiendo en los ayuntamientos; dado este requisito imposible y dada la urgencia de tramitar los expedientes para que los solicitantes puedan subirlos a la plataforma de la Seguridad Social y que esta proceda a hacer las valoraciones; hago un llamamiento a los ministerios de Derechos Sociales y de Seguridad Social para que rectifiquen a la mayor brevedad”.

Para lograrlo, el concejal del área ha asegurado estar en contacto con el Colegio de Trabajadores Sociales de Granada “y estos a su vez con el consejo general de trabajo social para exigir que se anule esta condición” y ha pedido a Diputaciones y Ayuntamientos que se sumen a la reclamación, pues “nada hay más negligente que crear expectativas y no cumplirlas, mas aún cuando se trata de recursos para la supervivencia y subsistencia de personas con escasos recursos”.

“Desde la declaración del estado de alarma, los trabajadores del área han trabajado intensamente con todo compromiso y dedicación ante las peticiones de ayuda; el aumento de necesidades sociales; y la urgencia de tramitar tanto estas prestaciones vitales como los nuevos programas impulsados por el Ayuntamiento para atender la emergencia social; una realidad que en ningún momento se ha visto reforzada con incremento en los recursos humanos, económicos o materiales por parte del Ejecutivo”.

Por todo ello, José Antonio Huertas ha tildado de “completo fracaso” la gestión real de esta prestación no contributiva dado que, “en los nueve meses desde que la anunciaron y `vendieron´ a bombo y platillo, sólo han resuelto un 20% de solicitudes presentadas y, de ellas, sólo las han percibido realmente 80 de cada 1.000 peticionarios, es decir, un 8% de resoluciones son favorables”.

Para finalizar, ha mostrado su deseo de que “mejore la gestión real, se corrija el requisito exigido, se dote de los recursos, se aumente la cifra de resoluciones favorables y se de un giro a esta triste y penosa cifra del 8%, cuando estamos hablando de unos recursos para cubrir necesidades básicas de las familias y personas más vulnerables”.