Y ahora el Palacio de Congresos
Llegan noticias preocupantes desde uno de los escasos referentes dinamizadores de la economía de esta ciudad. Me refiero al Palacio de Congresos, cuya nueva etapa ha despertado la ilusión entre amplios círculos de la ciudad, convencidos del papel fundamental que podría jugar en la economía de Granada.
Lamentablemente las cosas se han complicado hasta tal punto, que en las últimas horas el alcalde ha tenido que frenar, de momento, que la secretaría del consorcio se lleve desde Sevilla, mientras se mantiene en el aire el rescate de la concesión, lo que unido a las dificultades a que se llevan enfrentando desde hace años los socios privados, Fomento de Construcciones y Contratas y José Luis Romero, podrían precipitar su salida de la gestión del recinto congresual granadino.
Hace poco más de un año se dibujaba un nuevo horizonte para el Palacio de Congresos que pasaba por un objetivo fundamental: convertirlo en un elemento de autoestima para la sociedad granadina, barajando incluso su apertura a la incorporación de nuevos socios, de manera que el accionariado resultante reflejara, lo más fielmente posible, la realidad del mundo empresarial y social de nuestra tierra, así como una mayor aproximación a las instituciones y organizaciones económicas y empresariales.
El consorcio del Palacio está controlado mayoritariamente por la Junta (66%) pero la gestión está externalizada por 25 años. La concesionaria adquirió el compromiso de hacer unas inversiones millonarias, pero en los últimos años se han producido constantes desencuentros con las distintas administraciones. El trasfondo es que la licencia original del Palacio de Congresos -y esta versión la comparten todas las partes implicadas- no se ajusta convenientemente a los usos que ahora requieren las instalaciones para ser rentables.
El caso es que la situación de tan fundamental infraestructura precisa de inversiones urgentes, para normalizar una situación de abandono que parte casi desde su nacimiento y que no bajarían de los seis millones de euros, con los que poder hacer frente al ambicioso proyecto puesto sobre la mesa por su director, Paco Barranco y que pasarían por su adaptación a espacio operístico, museo inmersivo y aprovechamiento de la terraza y auditorio al aire libre.
Hace un mes el alcalde mantuvo un encuentro con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, a quienes pidió «ayuda» para superar esta situación. Aunque Salvador habló de un contacto «muy provechoso», lo cierto es que compromisos, lo que se dice compromisos, no solo no se consiguió ninguno, sino que ahora nos encontramos con que fiel a su furor recentralizador, la Junta intenta llevarse la secretaría de Consorcio a Sevilla, algo parecido a lo que ya ha ocurrido con el Parque de las Ciencias, al Legado Andalusí y está a punto de ocurrir con la Escuela Andaluza de Salud Pública, por no hablar del control «manu militari» de la Alhambra y Sierra Nevada, cuyas esencias granadinas tanto se alababan cuando el PP estaba en la oposición.
Por si había alguna duda, la debilidad del tejido productivo de Granada ha quedado de manifiesto con esta pandemia y los datos apuntan a que el daño en el empleo, la generación de riqueza y la destrucción de empresas, está siendo mucho mayor en nuestra provincia, que en la media nacional y autonómica. Precisamente por esa vulnerabilidad resulta de especial importancia el papel de lo público que lamentablemente, no solo brilla por su ausencia, sino que como estamos viendo, está esquilmando los escasos recursos a los que esta tierra podría agarrarse.
Si la Junta de Andalucía abandona a su suerte al Palacio de Congresos de Granada, habrá liquidado uno de los poquísimos resortes que nos quedan para poder competir en un escenario cada vez más exigente y nos condenaría a jugar el papel de parque temático de Andalucía, perfecto para los fines de semana de esquí de Moreno Bonilla, los cambalaches políticos de Bendodo, la nada con sifón de Marín, o el encefalograma plano de Salvador.
Y es que, de seguir a este ritmo, al final de la legislatura, el peso de Granada en el conjunto de Andalucía, habrá quedado reducido a la mínima expresión y lo malo es que la «demolición» parece absolutamente intencionada y tendrá difícil reversión.
