La Inspección de Trabajo estima las denuncias interpuestas por CSIF sobre vulneración de derechos en Grupo Control

• Las denuncias interpuestas desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Granada ante el organismo estatal atribuyen a la empresa de seguridad privada un total de seis infracciones graves al no suministrar mascarillas homologadas ni ropa de trabajo a toda la plantilla e incumplir con la entrega de distinta documentación como el protocolo de funciones por puesto de trabajo, copias básicas de los contratos, cuadrantes de vacaciones en los plazos establecidos o no abonar la formación obligatoria fuera de la jornada laboral tal como establece el convenio colectivo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, sindicato mayoritario en el Comité de Empresa de Grupo Control en la provincia, celebra los dictámenes de la Inspección de Trabajo emitidos a finales del pasado mes de marzo respecto a las denuncias interpuestas desde el sindicato contra la empresa de seguridad privada.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, el organismo estatal atribuye a la empresa, que concentra más de un centenar de trabajadores en la provincia, hasta seis infracciones de tipo grave. La primera de ellas, por no garantizar la entrega de mascarillas a la totalidad de la plantilla de acuerdo a las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación establecidas legalmente para hacer frente a la crisis sanitaria de la covid-19. Otra de las resoluciones de la Inspección de Trabajo constata el hecho de no facilitar a sus trabajadores ropa de trabajo de acuerdo al convenio colectivo aplicable, que establece a la empresa la obligatoriedad de entregar al personal de seguridad operativo tres prendas superiores de verano y de invierno, una corbata si procede, dos chaquetillas o similares y dos prendas inferiores de invierno y de verano cada dos años, así como un par de zapatos anualmente, debiendo reponer las demás prendas de equipo cuando se deterioren.

El resto de infracciones cometidas por la empresa de seguridad privada radican en la negativa a entregar “en tiempo y forma” distinta documentación de tipo laboral solicitada tanto por los representantes de los trabajadores como por la plantilla. Se trata de las copias básicas de los contratos de trabajo de más de 20 trabajadores, el protocolo que recoge las tareas y funciones asignadas por puesto de trabajo para una correcta utilización de los recursos humanos y materiales o los cuadros de vacaciones de la plantilla con antelación de dos meses al inicio del periodo anual de vacaciones. Asimismo, la Inspección detalla que no queda acreditado por parte de la empresa el abono de la formación obligatoria realizada fuera de la jornada laboral de acuerdo a lo establecido en el convenio colectivo, que recoge que “se abonarán al trabajador las horas empleadas en dicha formación a precio de su hora extraordinaria”.

La responsable de Empresa Privada en CSIF Granada, Marina Tejero, se congratula, en una nota, de las resoluciones de la Inspección de Trabajo “que confirman las denuncia del sindicato ante la obstrucción de la empresa a la labor sindical” y recuerda el papel esencial que ha desempeñado el colectivo de vigilantes de seguridad privada desde el inicio de la pandemia de la covid-19, por lo que reitera su llamamiento a las empresas del sector “para que no bajen la guardia y adopten de forma continuada medidas de protección y doten de material y de equipos suficientes a los vigilantes con el fin de garantizar la seguridad y salud de sus plantillas y de la propia ciudadanía”.

Estrategia de vacunación

Por otro lado, CSIF reclama que se incluya a todos los vigilantes que desarrollan su labor en empresas de seguridad privada de la provincia en los grupos prioritarios de vacunación contra la COVID. Para el sindicato, estos profesionales “han sido considerados esenciales y han estado en primera línea durante toda la pandemia y ahora continúan realizando su labor de cara al público con un alto riesgo de contagio en su puesto de trabajo”.