Fiscalía archiva denuncias por cortes de luz en la zona norte, que vincula al cultivo de marihuana
La Fiscalía ha archivado varias de las denuncias que se han presentado en los últimos meses frente a Endesa por los cortes de luz en la zona norte de Granada, tanto la que presentó el grupo socialista en el Ayuntamiento de la ciudad como las tres denuncias presentadas por vecinos que residen en la plaza Francisco Javier Simonet, en Casería de Montijo y en la calle Julio Moreno Dávila, esta última situada en la barriada de Cartuja.
En estas denuncias se solicitaba la investigación de los motivos de los reiterados cortes del suministro de energía eléctrica por parte de Endesa, según consta en un escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.
Tras analizar las instalaciones con las cuenta que cada una de estas zonas y las comprobaciones realizadas por la empresa suministradora, la Fiscalía llega a la conclusión de que la causa de las interrupciones de suministro tanto en estos lugares como en el resto de la zona Norte es «la sobrecarga de la red vinculada al cultivo de marihuana».
Mantiene así la Fiscalía que hasta que «no se ataje esa actuación ilícita, difícilmente desaparecerán dichas interrupciones». A juicio del Ministerio Público este problema «tiene que abordarse con una actuación conjunta de las diversas administraciones implicadas, la nacional, la autonómica y la local» y añade que «de nada servirán actuaciones independientes» y «tampoco eliminarán el problema las diversas inversiones que Endesa haga en la zona por cuantiosas que sean».
En base a todo lo anterior, la Fiscalía expone que de la investigación realizada no se deduce que exista responsabilidad alguna que exigir a la compañía eléctrica y archiva el asunto.
Respecto a la denuncia presentada por el grupo municipal del PSOE, en ella acusaba a Endesa de dejación de responsabilidades, contractuales y sociales, por «dejar de adoptar las medidas necesarias» para corregir los cortes de luz en la zona Norte.
A juicio de los socialistas, los hechos podrían constituir un delito de estafa, contra la integridad moral y contra el mercado y los consumidores. La Fiscalía descarta estos extremos y concluye que «los hechos denunciados no revisten trascendencia penal» ni se dan en este caso los tipos penales recogidos en la denuncia, que por ello también ha sido archivada.
