Pensionistas y jubilados del mundo, ¡unios! (I)
Cuando leía los acuerdos del Pacto de Toledo sobre pensiones, que se proponía al Congreso, en el mes de octubre de 2020, tuve un déjà vu, era igual al que se propuso allá por abril de 1995. Al menos, lo es en su espíritu. ¿Y cuál es este espíritu? Pues te doy mi opinión:
Desde los años 90 del siglo XX, se inicia una campaña, que tiene por objetivo: anular el actual sistema de pensiones y sustituirlo por otros seguros privados, es decir, privatizar las pensiones. Y ocurría esto, porque la cuantía de la que estamos hablando, es muy suculenta para que esté gestionada solo por el Estado. Si no se ha hecho antes, ha sido porque se le ha ofrecido resistencia a ese cambio.
La primera ola consistió en denigrar el sistema público, era una batalla ideológica, donde sesudos pensadores, subvencionados por las entidades financieras y de seguros, nos contaban lo inviable que era el sistema público de pensiones y la necesidad, para mantenerlo, de reformarlo.
En treinta años, han construido un argumentario que sitúa las pensiones como un problema para el sistema social público, donde las reformas son necesarias e imprescindibles si queremos cobrar pensiones en el futuro: La Seguridad Social pública es un lastre para el desarrollo económico; la gestión del sistema público es deficiente y costosa, se mejoraría con la gestión privada; lo privado prima en las “democracias occidentales”; de seguir así, no se podrán mantener las pensiones futuras; y algunos otros en esta línea. Y los que no aceptamos esa reforma neoliberal del estado del bienestar, hemos entrado a rebatir los argumentos que nos presentan en su propio terreno y ahí nos ganan, ellos han construido el problema y dominan todas las estructuras, nosotros no.
Cuestionando continuamente todo el sistema que la socialdemocracia había pactado con la burguesía, después de la II Guerra Mundial, se lanzan a la segunda ola, para terminar con las conquistas colectivas que habían dado forma al estado del bienestar.
Los partidos políticos de la izquierda y los sindicatos se ven negociando y consensuando unas reformas sociales en el llamado Pacto de Toledo. Como todo, tiene dos lecturas: una progresista y otra regresiva. Aplicar una u otra, dependerá de la correlación de fuerzas de cada momento. Y así, se hicieron unas recomendaciones que había que desarrollar, pero de las que solo se han desarrollado aquellas medidas, que han recortado económicamente las pensiones, el Pacto de Toledo solo se ha aplicado regresivamente, lesionando los derechos de los trabajadores: retrasaron la edad de jubilación, se sube el periodo mínimo cotizado para tener derecho a una pensión, se amplía el periodo de cálculo, se penaliza la jubilación anticipada, nos cuentan que habrá una hucha de las pensiones, para que éstas se autofinancien. Y no han dejado de cuestionar el sistema, hasta que han obligado, a sentarse de nuevo, a los integrantes del Pacto de Toledo, y volver a consensuar unas recomendaciones, que como las primeras, merman la capacidad económica de los trabajadores.
Y no puedo olvidar que los acuerdos pactados, los ha roto el Gobierno cuando ha interesado. Se ha dilatado en el tiempo la separación delas fuentes de financiación, se ha limitado la subida anual de pensiones al 0,25% y no utilizar la referencia del IPC, o en 2010, se aprobaba congelar las pensiones. Es la misma línea de trabajo, justificar la imposibilidad que tiene el sistema para mantener tanta pensión pública.
Y no ha transcurrido medio año del último acuerdo y ya, la aplicación de esas recomendaciones, se vuelven a desarrollar disminuyendo la capacidad económica de los jubilados y pensionistas. Las intervenciones del ministro José Luis Escrivá van en esa dirección: mermar las pensiones. Abandonar el mercado de trabajo, antes de cumplir la edad de jubilación, se penalizará aún más, hasta con un 21% de deducción en la retribución. Todo un pastón. No se valoran los sectores profesionales, y son muchos, donde las dificultades físicas para realizar debidamente ese trabajo, van ligadas a la edad y las condiciones laborales en las que se desarrolla. Es imposible para esos profesionales, mantener su actividad por mucho que lo pretendan los ministros del ramo y las leyes que fabriquen.
Todos los gobiernos han dicho lo mismo, el actual también: Hay que mantener el sistema público de pensiones pero hay que recortar las cuantías, a base de aumentar los tiempos de cotización y para que nos contentemos, mejoran las de viudedad y orfandad. Y volvemos al objetivo final: que se privaticen las pensiones para así tener garantizada una vejez mejor.
Es falsa la crisis de quiebra del sistema, el día que no haya dinero para pagar las pensiones, habrá quebrado el Estado. Y no se puede estar amenazando al pensionista con datos falseados, si no hay dinero en la mencionada hucha, que se financie con los presupuestos generales, como el resto de gastos del Estado (monarquía, ejército, iglesia, funcionariado, …) caja única para todos.
Por eso, yo propongo que volvamos a empezar, que busquemos una política alternativa: Hay que reformar el sistema de pensiones, pero, para garantizar una vida digna a pensionistas y jubilados. Tener una vejez digna, no es un problema económico, es una decisión política. Como lo es la pobreza, o el salario mínimo.
(Al igual que la lucha por las pensiones dignas continua, este artículo, continuará)