Les piden cuatro años por supuesta estafa a una familiar discapacitada para obtener un préstamo
La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido cuatro años y tres meses de prisión por supuesta estafa a dos acusados de valerse supuestamente de una familiar incapacitada, con retraso mental grave, «sin conocimiento ni consentimiento de quien la representaba», para la concesión de un préstamo hipotecario de 236.000 euros para la compra de una casa, y su dación en pago.
Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados son un hombre de 34 años y una mujer de 36, que se enfrentan también a una petición de pago de multa de 2.700 euros. Habrían actuado «de común acuerdo» y «con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y de defraudar» a costa de la víctima, una mujer con una minusvalía psíquica del 66 por ciento reconocida en 1997 e incapacitada judicialmente en 2014.
Supuestamente concertaron en 2008 con un establecimiento de créditos un préstamo hipotecario por importe de 236.000 euros para una casa en Chauchina, y «presentaron como aval» a la familiar «incapaz», ofreciendo «en garantía de pago» una vivienda de su propiedad en Pinos Puente, «la cual tasaron en escritura pública de formalización del préstamo en 210.564 euros».
Así, según el relato de los hechos del fiscal, «llevaron personalmente el acto de otorgamiento de escritura pública» a ella, «sin conocimiento ni consentimiento de quien entonces de hecho era su tutora», la posteriormente querellante. Así, «sin ser consciente de lo que realmente hacía, firmaba» en concepto de aval «con la huella digital o con tres guiones» ante el notario.
Ella «no sabe leer ni escribir, ni el valor del dinero, ni el valor de las cosas, ni hacer ninguna operación aritmética», agrega el ministerio público.
Ya en 2013, los acusados, «de común acuerdo y con idéntico ánimo, promueven» supuestamente «dación en pago» de la vivienda adquirida «ante el incumplimiento del préstamo otorgado» y «redactando documento a tal fin» en que habrían especificado condiciones en caso de que la operación «no pudiera tener efectos liberatorios».
Así, prosigue, queda reflejado en los siguientes términos: «interesamos que, con garantía a la otra vivienda que también fue hipotecada», la de la víctima, «se pague a razón de una cuota mensual no superior a los 400 euros». También le habrían hecho «firmar nuevamente tal documento».
Está previsto que estos hechos sean enjuiciados entre los próximos días 12 y 13 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
