CSIF-A anuncia movilizaciones contra el sistema de contrataciones que la Junta emplea a raíz de la pandemia
- El sindicato convoca concentraciones para el 18 de mayo en rechazo a las convocatorias que la Administración está realizando al amparo de la Instrucción 1/2021 del SAE, cuya nulidad avala la Fiscalía Superior de Andalucía
La Central Sindical, Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha convocado concentraciones en todas las provincias andaluzas para exigir a la Junta que paralice las contrataciones de personal funcionario interino y de personal laboral temporal que está realizando al amparo de la Instrucción 1/2021 del Servicio Andaluz de Empleo, que regula los criterios de ordenación de las candidaturas, por entender que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
El sindicato entiende que, tanto las contrataciones llamadas “exprés” realizadas el pasado verano y bajo el paraguas de la emergencia sanitaria por la Covid-19, como las que actualmente se continúan realizando en virtud de la citada instrucción del SAE, contravienen tanto la Carta Magna (en sus artículos 14 y 23) como el Estatuto Básico del Empleado Público (en su artículo 55).
La central sindical ha decidido iniciar estas movilizaciones el próximo 18 de mayo frente a las delegaciones del Gobierno de la Junta en las distintas provincias, después de que la Junta continúe empleando este sistema de selección a pesar de que la Fiscalía Superior de Andalucía se ha pronunciado a favor de la nulidad de la instrucción del SAE que regula los criterios de ordenación de las candidaturas en estos procesos, y pese a una reciente sentencia judicial que ha desestimado el primero de los recursos de apelación interpuesto por la Administración autonómica contra sentencias dictadas que fallaban en contra del procedimiento para la selección de personal.
En concreto, desde el inicio de las contrataciones por la vía de emergencia derivada de la Covid-19, CSIF Andalucía ha recurrido un total de 56 convocatorias para la selección de personal funcionario interino y de personal laboral temporal, por vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir la selección de personal en las administraciones.
Asimismo, la central sindical presentó un recurso por la vía de los Derechos Fundamentales ante el TSJA contra la Instrucción 1/2021 del SAE por la que se establecen los criterios de ordenación general para la gestión de candidaturas en ofertas registradas en el sistema de intermediación laboral del SAE y se modifica la Instrucción 3/2020 del mismo organismo que establecía el procedimiento para la gestión de Ofertas Públicas de Empleo.
A este respecto, la Fiscalía Superior de Andalucía se ha pronunciado a favor de la nulidad de la citada instrucción, tal y como demanda CSIF, por vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad, y también por obviar la negociación colectiva.
CSIF considera que, tanto el sistema de contrataciones exprés para afrontar las contingencias derivadas de la crisis sanitaria como el sistema que emplea actualmente la Junta para la selección de personal en ofertas de empleo, ya sean ordinarias o no, en virtud de la Instrucción 1/2021 del SAE, se basan en unos criterios comunes que han sido declarados inconstitucionales en sentencias previas.
Además, la central sindical lamenta que “la Junta haga oídos sordos a las sentencias judiciales que se han dictado por distintos tribunales, así como al sentido del informe emitido por la Fiscalía Superior de Andalucía sobre la nulidad de la Instrucción 1/2021 del SAE”.
El sindicato recuerda “el perjuicio a terceros que la actitud de la Junta está ocasionando, las costas procesales de la judicialización de este tipo de procesos selectivos realizados por esta vía y las consecuencias jurídicas y administrativas en cascada que pueden derivarse de la nulidad inicial de estas contrataciones” y argumenta que, por todo ello, comenzará una ronda de movilizaciones que se iniciará el próximo 18 de mayo en las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, para que la Administración autonómica cese en su postura de continuar empleando este sistema que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad.
