El TSJA avala que el gabinete jurídico de la Junta asista a Susana Díaz en el juicio contra ‘Spiriman’
- Candel también está procesado por un delito de calumnias contra el fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente, y por otro de amenazas contra el magistrado del Juzgado de Instrucción 9 de Granada
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha respaldado que un abogado de la Junta asista a la expresidenta regional Susana Díaz y al que fuera viceconsejero de Salud Martín Blanco en la causa contra el doctor Jesús Candel, alias ‘Spiriman’, por supuestas injurias y calumnias sobre ellos en los vídeos que ha colgado en sus redes sociales.
El juicio contra Candel dentro de este proceso se celebrará el próximo 27 de junio en el Juzgado de lo Penal 6 de Granada, en una sesión en la que Susana Díaz ha sido citada testigo.
En un auto al que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press, el TSJA ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por ‘Spiriman’ contra la inadmisión a trámite de la querella que presentó por prevaricación y malversación de fondos públicos contra Susana Díaz, el que fuera consejero de Presidencia Jiménez Barrios y la exconsejera de Salud Marina Álvarez. Lo hizo al entender que la expresidenta no debió usar el gabinete jurídico del Gobierno andaluz para personarse en este procedimiento.
El TSJA no comparte esta versión y recuerda en su auto que, de acuerdo a la normativa, «los letrados del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía pueden ejercitar acciones ante cualquier jurisdicción en nombre de autoridades, funcionarios o empleados públicos».
Recalca que en este caso se trata de la personación en una causa penal seguida por injurias y calumnias que no son relativas a la vida privada o personal de Díaz y de Martín Blanco «sino inequívocamente a las políticas que fomentaron y las decisiones que tomaron en su calidad de autoridad, por lo que se trata de un procedimiento que sí va referido a las funciones que en esa calidad realizaron».
Según el TSJA esta situación «impide» calificar como prevaricación o como malversación las resoluciones por las que se autorizaba la intervención del gabinete jurídico de la Junta y tampoco puede ser concebido como un «empleo de recursos públicos en beneficio particular indebido».
Por la misma razón en el auto, que avanza el diario ABC, se considera «irrelevante» que en el momento de las personación o incluso cuando se emitieron los vídeos Martín Blanco ya no ostentase el cargo de viceconsejero de Salud y descarta en esta línea que las resoluciones emitidas por este asunto por Jiménez Barrios y Marina Álvarez fueran prevaricadoras.
Spiriman también está procesado por un delito de calumnias contra el fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente, y por otro de amenazas contra el magistrado del Juzgado de Instrucción 9 de Granada. Y en Córdoba también tiene otra causa pendiente por injurias y calumnias al Juez decano.
