El Defensor de la Ciudadanía sale en defensa de las personas mayores frente al cierre de servicios básicos de los bancos
El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín García, ha pedido a las entidades financieras de la ciudad y provincia que faciliten distintos sistemas y métodos que permitan que el colectivo de personas mayores pueda realizar sus gestiones bancarias de modo presencial, un llamamiento que abarca también otras peticiones para
evitar este nuevo modo de exclusión, la exclusión financiera, derivado de la digitalización acelerada, el cierre de oficinas bancarias y la reducción de personal para atender a la ciudadanía.
En un comunicado, Martín ha advertido que se trata de «un problema muy generalizado» y sólo entre enero y abril de este año se han recibido en la oficina un total de 13 casos de exclusión financiera.
«La mayoría de problemáticas tienen que ver con la supresión de oficinas físicas en los barrios, que obliga a muchas personas a desplazarse a otras sucursales para sacar el dinero de la pensión o hacer otras transacciones», ha explicado, toda vez que esto implica además una serie de gestiones previas como buscar el teléfono de cita previa de la nueva sucursal, lograr contactar con esta, conseguir cita y adaptarse a ella.
Así, para actualizar la libreta, para cobrar un dinero o para cualquier operación, tienen que guardar cola a pie en la calle, algo que también se debería corregir o tomar en cuenta por parte de los bancos. Y junto a esta mejora, también sería deseable que las entidades financieras estudiaran la posibilidad de ampliar el abanico de gestiones presenciales a realizar por determinadas personas, pues hay bancos que no permiten hacer transferencias en caja, es decir, físicamente desde la sucursal con el apoyo de un profesional.
También ha apuntado que muchos de los procedimientos para realizar trámites bancarios no son sencillos para una gran población de ‘no nativos digitales’ y en el caso de muchos mayores que viven solos esta dificultad puede verse agravada, «dada la falta de ayuda personalizada para usar estas herramientas digitales cuando las oficinas están cerradas al público».
También ha llamado la atención en la dificultad que supone el uso del cajero. «Si en un cajero una persona utiliza una tarjeta y se equivoca más de una vez al meter los códigos, la tarjeta queda inhabilitada por razones de seguridad. Dado que esto puede ocasionar a algunas personas mayores un pequeño descalabro económico y varias
gestiones, llamadas e intentos hasta recuperar su tarjeta, sería deseable que, en estos casos, las entidades se dirigieran al afectado», ha pedido.
Comisiones
Uno de los apartados que pide abordar es el derivado de las comisiones que se cobran por mantenimiento de la cuenta, «unos recargos que siendo legales, se aplican en gran número de casos sobre cuentas de personas que tienen domiciliados recibos con cargo a pensiones bajas o medias en muchos casos».
En este apartado y para evitar que la persona afectada tenga que pagar por retirar su dinero, también ha dicho que sería deseable que
hubiera cajeros próximos; y que las personas mayores supieran exactamente cuánto dura la gratuidad de una tarjeta o producto bancario.
«Tampoco parce lícito, aún resultando legal, imponer ciertas condiciones como tener un número de recibos determinado, o tener unos movimientos de tarjeta determinados para no cobrar comisiones por adelantar el pago de la pensión», ha apuntado.