El presupuesto del nuevo Instituto Andaluz de Salud sobrepasará los 50 millones anuales, más de la mitad a gastos de personal
El presupuesto anual del futuro Instituto Andaluz de Salud superará los 50 millones de euros, concretamente, será de 51,37 millones, de los cuales el mayor gasto será la partida de personal, que ascenderán a 28,67 millones, más de la mitad del gasto total, un 55,8%, según los datos de la memoria económica financiera de este organismo, que tendrá la calificación de agencia administrativa.
El Consejo de Gobierno acordó en su reunión de este pasado martes, 18 de mayo, iniciar la tramitación del anteproyecto de ley de creación del Instituto Andaluz de Salud, una entidad que fusionará la Fundación Progreso y Salud, la Escuela Andaluz de Salud Pública (EASP) y la parte de la organización administrativa de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de Salud.
Según el estado de gastos del Presupuesto de Andalucía de 2021, la Fundación Progreso y Salud cuenta con una dotación de 28,51 millones de euros, mientras que los gastos de personal son de 16,74 millones. La Escuela de Salud Pública recibe una transferencia de la Consejería de Salud de 5,97 millones de euros.
La dotación presupuestaria de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación es de 31,93 millones de euros, de los cuales 3,15 millones son gastos de personal.
La memoria económica financiera establece que el presupuesto de la Instituto Andaluz de Salud lo integrarán «la aportación de la Junta de Andalucía y las cantidades que por la prestación de sus servicios pudiera obtener el propio Instituto Andaluz de Salud».
Este documento traslada que los 51,37 millones de euros descansan sobre «las aportaciones previstas de la Junta de Andalucía por importe
de 31.737.219 euros», junto a la previsión de «otros ingresos de actividad basada en el presupuesto 2021 de 19.633.944 euros».
«Los recursos financieros del Instituto Andaluz de Salud estarán integrados por los rendimientos de su patrimonio, los ingresos generados por el ejercicio de su actividad y la prestación de sus servicios, los créditos asignados por la Ley de Presupuestos, las subvenciones que le sean concedidas, las cantidades procedentes de la enajenación de sus bienes o productos», detalla este documento económico.
Esta documentación anexa al anteproyecto de ley traslada que la creación de este organismo «no conlleva la generación de nuevos gastos o inversiones» al argumentar que «no supone la creación de nuevos órganos o unidades administrativas, ni la contratación de personal o nuevos equipamientos».
En el apartado de los recursos humanos, la memoria económica financiera pone de manifiesto que su impacto será inapreciable por cuanto «la regulación por ley de la extinción de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y de la sociedad mercantil Escuela Andaluza de Salud Pública SA permite dar la máxima garantía a los empleados públicos afectados».
En la Memoria Justificativa del proyecto se traslada que «el principal objetivo de la Ley es la reordenación del sector instrumental de la Consejería de Salud y Familias», que concreta en el hecho de que «la incorporación de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación permite además dotar a la Agencia de personal funcionario, imprescindible para poder ejercer buena parte de potestades que el presente anteproyecto le atribuye».
El texto remite al «único precedente de organismo público de investigación con forma de agencia administrativa que existe en Andalucía», en referencia a la creación del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
En la Memoria Justificativa se sigue abundando en los paralelismos con otros organismos, entre ellos, de la Administración General del Estado.
Tras argumentar que las funciones del futuro Instituto Andaluz de Salud «son las propias de una Administración general», concluye que «la forma jurídica más apropiada para el nuevo ente debe ser la de agencia administrativa», y traslada que «los principales organismos públicos de investigación de ámbito estatal en España», en referencia al Instituto de Salud Carlos III y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, «tienen forma de agencia», aun cuando tienen pendiente «su transformación en organismo autónomo».
Las semejanzas le lleva a recordar a la Memoria Justificativa de la futura Ley del Instituto Andaluz de Salud que «el Instituto de Salud Carlos III integró en su momento a la Escuela Nacional de Sanidad», por lo que colige que «es completamente paralelo el proceso de integración en su momento del Estado al que ahora se propone en la Administración autonómica».
En su configuración como organismo público de investigación, indica la Memoria Justificativa, «que permitirá al futuro Instituto Andaluz de Salud Pública reforzar algunas de las capacidades docentes que hasta ahora venían desarrollando la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud o la Escuela Andaluza de Administración Pública», perfil al que suma la posibilidad también de «constituir empresas innovadoras de base tecnológica».
Sede en Granada
En la Memoria Justificativa del anteproyecto de ley también se aborda el tema de la sede del futuro Instituto Andaluz de Salud, por lo que recuerda que en las consultas previas salió a relucir «la preocupación de parte de la ciudadanía sobre la actual sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública SA», que alberga Granada.
En este sentido pone de manifiesto que «se ha optado por incluir en el texto del anteproyecto la existencia de un centro del Instituto denominado Escuela Andaluza de Salud Pública dedicado a procesos de formación, asesoramiento, cooperación internacional, investigación y la creación de espacios de colaboración y redes», que este centro tendrá un Director y su sede será el edificio que acoge ahora a la Escuela Andaluza de Salud Pública SA, por lo que concluye que «queda garantizada por Ley la continuidad de las actuales funciones desarrolladas y de la propia sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública».
Comité de empresa
El comité de empresa de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) ha solicitado esta semana a la Consejería de Salud que tenga en cuenta sus reivindicaciones en el anteproyecto de ley por el que se creará el Instituto de Salud de Andalucía.
A través de un comunicado, ha dado cuenta de que las «demandas fundamentales de la plantilla están aún en el aire» y que ha situado en tener «una sede institucional en Granada, blindar los puestos de trabajo y la protección de los convenios que hay firmados».
El comité de empresa ha reconocido que el anteproyecto de ley «de entrada, sí recoge las funciones y finalidad» de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Las dudas de los representantes de los trabajadores se centran en la sede, de la que trasladan que «solo se detalla una única» en Sevilla, con «un centro» en Granada.
El comité de empresa de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha advertido igualmente sobre el hecho de que «no se aseguran los puestos de trabajo más allá de la propia fusión, sin detallar los mecanismos de incorporación como personal laboral», por lo que han reclamado «un texto consensuado y claro que haga referencia al blindaje, sin ambigüedades ni incertidumbres».
