La Junta defiende que su rebaja fiscal es «una medida económica y social» y advierte al Gobierno sobre la confiscación
El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha defendido este jueves que la rebaja fiscal que impulsa el Gobierno andaluz, y de la mano de los grupos parlamentarios de PP, Cs y Vox al tramitarla como una Proposición de Ley, es «una medida de corte económico y social», mientras que ha advertido al Gobierno sobre la limitación que introduce el artículo 31 de la Constitución española sobre evitar «el alcance confiscatorio» de la tributación de los ciudadanos.
En respuesta a una pregunta del parlamentario del PP, Juan Bueno, sobre medidas fiscales en vivienda y consumo, Bravo ha vinculado el modelo fiscal del Gobierno de la Nación al hecho de que sea «el Gobierno más amplio en la historia de España», mientras que ha considerado que la iniciativa de rebaja tributaria del Gobierno andaluz se enmarca en una senda que han emprendido naciones europeas entre las que ha incluido a Portugal, Francia o Grecia.
El consejero de Hacienda ha sostenido que «incrementar la deducción en vivienda habitual es una buena medida», a lo que ha sumado la deducción del alquiler de la vivienda habitual, así como que sean beneficiarios de estas iniciativas «las víctimas del terrorismo, las personas con discapacidad», mientras que ha alegado que «ampliamos la clase media con la tributación hasta 25.000 euros», además de aludir a a un tipo medio en Transmisiones Patrimoniales del 7% y la rebaja del 1,5 al 1,2 en Actos Jurídicos Documentados (AJD).
El diputado Juan Bueno ha defendido que «la comparación es muy fácil» entre las políticas fiscales que desarolla la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, Administración a la que atribuido que su aspiración es «freir a impuestos al conjunto de los ciudadanos» tras enumerar que «sube el gas, la luz, el gasoil, planea cobrar las autovías, subir el impuesto de matriculación, la tasa Google, o eliminar la tributación conjunta que hace daño a 3,7 millones de españoles, y sigue y sigue».
Bueno, tras recordar que en Andalucía se suprime el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) y se rebaja la tarifa del IRPF, de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), ha concluido que «la diferencia está clara: mientras unos quieren confiscar, otros creen en los ciudadanos».
