La gestión del agua en el calentamiento global

Como se recoge en el Informe Internacional del Agua Dulce de la FAO, desde el año 805 se han redactado más de 3.600 tratados relativos a los recursos internacionales del agua. Según dicho informe, existen aproximadamente 300 zonas en el mundo en las que se presagia un conflicto a causa del agua en 2025. Ha sido el propio Papa Francisco el que declaraba: “Me pregunto si caminamos hacia la Gran Guerra del Agua”.

Según Naciones Unidas, el consumo de agua se ha duplicado en los últimos 50 años. A pesar de ello, 2.600 millones de personas carecen de acceso a un saneamiento básico. Y millones de personas en el mundo deben andar diariamente hasta 6 horas para recoger agua para uso doméstico. Pero es que además, los países pobres pagan hasta 50 veces más por un litro de agua que sus vecinos más ricos.

Los efectos del cambio climático y el calentamiento global sobre el agua son evidentes, pues se manifiestan a través de la alteración de su ciclo natural. Cuando el clima varía, las sequías, las inundaciones, el deshielo de los glaciares, el aumento del nivel del mar y las tormentas se intensifican con graves consecuencias (Fundación Aquae). Según los científicos, el aumento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares, provocarán una modificación en los recursos hídricos, pues el agua potable y un saneamiento adecuado serán más complicados en muchas zonas. Asimismo, la alteración del ciclo del agua modificará las precipitaciones incrementando la humedad del suelo, que producirá un impacto en el escurrimiento, la evaporación, el vapor atmosférico y la temperatura del agua, que conducirá a condiciones y fenómenos más extremos.

Por lo anterior, la adaptación al cambio climático pasa por una gestión de los recursos hídricos que permita desarrollar una resiliencia climática. Y esto enlaza con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030. De hecho, dos de sus objetivos, a saber, el número 6 (Agua limpia y saneamiento) y el número 13 (Acción por el clima), están relacionados con el agua.

Sobre este mismo aspecto del impacto del cambio climático en los recursos hídricos, el Centro de Estudios Hidrográficos español, en su informe de evaluación del impacto de 2017, nos decía que pese a que había bastante incertidumbre en las proyecciones realizadas, alguno de los modelos utilizados pronosticaba una reducción de recursos hídricos, que se iría acentuando conforme avanzara el siglo XXI y por lo tanto habría un aumento de la escasez de agua en España.

En el Libro Blanco de la Economía del Agua se explica que el principal objetivo de la política del agua en la Unión Europea es garantizar el acceso a agua de buena calidad en cantidad suficiente para todos los europeos. Y también garantizar el buen estado de todas las masas de agua en Europa, estableciendo políticas de gestión del agua para prevenir y mitigar situaciones de escasez de agua y sequía. También para mejorar la calidad del agua y asegurar que el agua contaminada sea tratada. Y además añade que el Parlamento Europeo dice que el agua no es un producto comercial, sino un bien público, que enlaza con el mensaje de Naciones Unidas que afirma que el agua también es una cuestión de derechos, siendo el núcleo del desarrollo sostenible y socioeconómico del planeta.

En este sentido, el Relator Especial de los Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento, Leo Héller presentó ante la ONU un informe que advierte de que la “prestación de servicios de agua y saneamiento por parte de operadores privados propicia un conjunto particular de riesgos para los derechos humanos, basado en una combinación de tres factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural que caracteriza el suministro de agua y saneamiento, y los desequilibrios de poder”. De cualquier forma, el tema es algo espinoso. Pero el relator de Naciones Unidas nos advierte que las pruebas indican que “la privatización no es la panacea para la mejora y la ampliación de los servicios”.

Todo lo anterior nos lleva a un problema de gestión importante, pues la escasez y la contaminación por plaguicidas o nitratos del agua, por ejemplo, conllevará fuertes presiones para controlar los recursos hídricos. Y esto nos lleva a considerar diferentes modelos de gestión, que en los últimos 20 años han evolucionado desde un modelo mayoritariamente de carácter público, a la aparición y desarrollo de un importante sector privado.

En el referido libro blanco se nos habla de tres posibles modelos. Uno público exclusivamente, donde la entidad pública es responsable de proporcionar y gestionar el servicio, ya sea por sí misma, o delegando la gestión en otra entidad pública. Uno mixto, donde la entidad pública (por ejemplo, Ayuntamiento) y una empresa privada administran el recurso de manera conjunta. Y el modelo privado, en el que la entidad pública responsable designa a una empresa privada para administrarla, bajo un contrato de arrendamiento o concesión.

Jurídicamente hablando, en nuestro país, los artículos 7.1 y 25.2.c de La Ley de Bases de Régimen Local, en relación con los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución Española, conceden la competencia a los Ayuntamientos, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, del abastecimiento de agua potable a domicilio, y la evacuación y tratamiento de aguas residuales. Nada se dice sobre los tipos de gestión de la misma que puedan emplearse. Tampoco hay acuerdo entre los investigadores acerca de cuál es el menor sistema.

De hecho, como se informa en el diario Público, en un reciente artículo sobre “La guerra del agua”, según el TransnationalInstitute (TNI), en el mundo se han registrado entre 2000 y 2019 un total de 1.408 remunicipalizaciones de servicios públicos, 311 en el suministro del agua, de ellos 38 en localidades españolas.

De ahí el peligroso acuerdo que ha adoptado la pasada semana el Ayuntamiento de mi pueblo, Dílar, por el que se “delega la gestión integral del agua en el Consorcio Sierra Nevada Vega Sur, ratificando sus tres reglamentos, sobre abastecimiento de agua potable a los domicilios y la tarifación de los servicios; alcantarillado y depuración”, que supondrá, en la práctica, que la empresa privada EMASAGRA se hará con el control de la gestión y el cobro de las tarifas del agua potable.

El problema, a la vez que peligro, es que dejar estos servicios esenciales en manos privadas, en momentos de riesgo extremo por el calentamiento global, quizás no sea la decisión política más acertada. En esto aparece con nitidez la diferencia ideológica entre unas políticas a favor de la gestión pública, que propugna la izquierda y la gestión privada que propugna y favorece la derecha.

Sin embargo, en la gestión del agua, creo que no es una cuestión ideológica, sino de pura lógica. La gestión privada acarreará un mayor coste a los usuarios. Lo miremos como lo miremos. Sobre todo en municipios del Parque Natural de Sierra Nevada, como Dílar, que se distinguen por la calidad y la abundancia de su agua.